La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha avanzado este jueves en el Congreso que la Inspección de Trabajo endurecerá las sanciones para acabar con la temporalidad injustificada en el mercado de trabajo y que impondrá sanciones por cada contrato que carezcan de causalidad.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad de la Cámara Baja, a la que ha acudido para informar sobre la evolución del mercado de trabajo, Báñez ha avanzado que el Gobierno trabaja "en nuevas medidas para acabar con la temporalidad injustificada" y para disuadir "para siempre" el recurso a la temporalidad como forma habitual.
"Queremos que sea justificada y no claramente abusiva", ha abundado Báñez, que ha explicado que este endurecimiento de las sanciones y de su metodología se acompañará con un estudio por parte de sindicatos y patronal sobre el peso de la contratación temporal, sector a sector, "para que no se produzca una contratación temporal injustificada".
"La temporalidad injustificada repele talento, distorsiona mercado y merma la competitividad y la productividad de las empresas, y los ingresos de las arcas públicas", ha aseverado la ministra, que ha criticado que "detrás de cada contrato en fraude hay una vulneración de derechos", por lo que ha justificado la necesidad de "dar un paso más".
Las propuestas transmitidas por el Gobierno a los agentes sociales pasan por una reducción en el número de contratos a tres --indefinido, temporal y de formación-- con una indemnización de despido creciente para los contratos de duración determinada de 12, 16 y 20 días por año trabajado.
Asimismo, la ministra ha avanzado que, en el marco de este diálogo social, se han propuesto medidas para mejorar el aprendizaje en la formación dual y ha señalado que una de ellas es la de impulsar una herramienta digital con la que informar en tiempo real de toda oferta formativa en el sistema público de empleo.
En su discurso, ha señalado que su intención es lograr un acuerdo nacional por la conciliación en el marco del diálogo social y que la desconexión es "una de las materia" de las que se ocuparán en este contexto.
"Tan importante es la flexibilidad en el trabajo, como saber cuándo un trabajador debe desconectar. Y se lo debemos como derecho a los trabajadores", ha indicado en respuesta a una pregunta que sobre esta medida le ha realizado el portavoz de PDeCAT, Carles Campuzano.
Este diputado, junto con la mayoría de los partidos de la oposición, también ha cuestionado a la ministra sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y sobre las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, este miércoles en Onda Cero, en las que aseguraba que "igualar salarios" no estaba entre sus competencias. "No nos metamos en eso", pidió Rajoy.
En este sentido, la ministra ha defendido que "el compromiso del Gobierno de Rajoy es total" en esta materia y ha señalado que así lo corroboran los resultados que ha presentado en su intervención en la Cámara Baja y que indican que "nunca más mujeres han estado trabajando en el país" y que la brecha salarial "está en mínimos históricos".
Del mismo modo, la ministra ha recordado que "la ley ya recoge la obligación de pagar igual salario a hombre y mujer ante igual trabajo", tanto en la Constitución como en el Estatuto de los Trabajadores, así como "en el acervo comunitario del que España forma parte". "No es posible y no se debe dar discriminación salarial de manera legal", ha apuntado.
Sin embargo, ha reconocido que, ahora, "hay que trabajar todos los días y todos porque esto sea una realidad también en la práctica". Y, en este sentido la ministra ha enumerado distintas medidas que su departamento ha ido poniendo en marcha para "aumentar la transparencia salarial", como la obligación de las empresas de ofrecer a sus trabajadores información desagregada por géneros sobre los componentes retributivos y cuantía de la retribución para puestos de trabajo de igual valor.
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