La impugnación se hará conforme al capítulo quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que detalla la organización territorial del Estado a efectos judiciales, y al artículo 161.2 de la Constitución -"El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses"-, dado que “el estatus jurídico actual (de Puigdemont) es incompatible con su comparecencia en la cámara ya que pesa sobre él una orden de detención que se debe hacer efectiva” en el momento que pise territorio español.
Pese a los fundamentos jurídicos que ha mencionado Santamaría, el recurso plantea algunas dudas a priori ya que lo que se impugna es una propuesta del presidente del Parlament que, además, afecta a una persona que ganó su acta de diputado de forma totalmente legítima en la recientes elecciones autonómicas catalanas sin que, en ese momento, ninguna instancia del Estado interviniera para recurrir su candidatura.
Ante las dudas, la vicepresidenta ha subrayado que con su recurso el Gobierno no está haciendo una proyección ‘a futuro’ por si Puigdemont decidiera plantarse en el Parlament, burlando la orden de detención que pesa sobre él. Se trata, ha dicho, de la constatación ‘a presente’ de que el candidato propuesto para la investidura no goza de la plenitud de sus derechos. Un argumento jurídico que se pone de manifiesto "fácticamente" en la circunstancia "insólita" de que este martes Torrent tuviera que evacuar consultas con Puigdemont "ni más ni menos que en Bruselas y no en el lugar donde se efectúan ese tipo de reuniones y donde se ha convocado al resto de diputados o portavoces de grupos", que no es otro que la sede del Parlament.
En las declaraciones que efectuaron tras el encuentro, ni Puigdemont ni Torrent aclararon qué fórmula barajan para hacer posible la investidura, es decir, si el candidato contempla la posibilidad de regresar a Cataluña o si optará por la vía telemática. Lo que sí dijo el presidente del Parlament es que quiere que haya Gover “lo más rápidamente posible”, que sea “efectivo” y que pueda tomar medidas ejecutivas “desde el minuto 1”, condiciones todas ellas que tampoco son compatibles con el panorama judicial que el candidato tiene por delante.
El Gobierno no tiene nada que decir -ha añadido Santamaría- si Torrent propone a otro candidato que no tenga causas pendientes con la justicia, pero sí en este caso. “Roger Torrent no puede proponer a Puigdemont como candidato, puede proponer a otro", han sido sus palabras.
El Ejecutivo solicitará en su recurso que el TC suspenda cautelarmente la designación y espera, según ha explicado la vicepresidenta, que el Presidente del Parlament acate la resolución de los jueces.
La vicepresidenta ha explicado también que el Gobierno ha remitido también una consulta potestativa para que el Consejo de Estado informe sobre "una serie de extremos" como dictaminar si un candidato que no esté presente puede llevar a cabo la investidura desde la distancia y sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera de territorio nacional.
Santamaría ha asegurado que con estas medidas, lo que está haciendo el Gobierno es utilizar los instrumentos que la ley pone a su disposición para garantizar que ésta se cumpla y que se respeten todos los derechos de los diputados. Antes de anunciar públicamente el recurso, Mariano Rajoy ha telefoneado a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y según fuentes socialistas el principal partido de la oposición respalda la impugnación.
La comparecencia de Santamaría se ha producido el mismo día en que Torrent tiene que decidir la fecha del debate de investidura. ERC se inclina por el martes 30 pensando que se prolongue durante dos días, como es habitual en este tipo de plenos, y dado que la fecha límite para investir al nuevo ‘president’ es el 31. Junts per Catalunya, en cambio, prefiere dejarlo para ese mismo día. Es más, plantea que se ventile en una sola tarde para de esa manera limitar al máximo las reacciones del Gobierno central y del Constitucional. Con el anuncio de este jueves, el Ejecutivo de Mariano Rajoy toma de nuevo la delantera y anticipa la respuesta.
“El recurso preventivo no se ajusta a Derecho”, ha dicho el diputado del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, quien ha reiterado, en declaraciones a La Sexta, el argumentario de su partido y de la candidatura de Puigdemont para rebatir las objeciones a las anomalías con las que se pretende resolver la cuestión catalana: “El Gobierno demuestra una vez más que no reconoce los resultados del 21-D”.
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