Podrá haber prescrito o no, pero Camps, Costa y el PP valenciano; el PP madrileño, donde la responsabilidad no se acaba en Granados – otro del que los populares no se fían y menos esperanza Aguirre-, se ven en la misma tesitura que Convergencia Democrática de Catalunya, el partido de Mas y Puigdemon.
Los empresarios corruptos y corruptores, a golpe de pacto con la fiscalía y multa, cambian su relato y ponen a los responsables del PP y al propio partido contra las cuerdas, incluido el entorno de Cristina Cifuentes, última barrera que el PP necesita para atribuir al pasado los episodios de corrupción
Los delatores
En el caso de las dos personas de máxima confianza del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, acaban de hacer un giro inesperado en el tercer juicio que se celebra sobre esta red de corrupción vinculada al PP, tras la declaración de su antiguo líder del martes. Este viernes, el Juez escuchará la nueva versión de los gestores de la trama.
Pablo Crespo y Álvaro Pérez, conocido como ‘El Bigotes’, ya han sido condenados en un primer juicio por un contrato recibido por la feria de Fitur en Valencia. Tras esta condena y dado que tienen pendientes varios procesos, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, su ingreso en prisión incondicional hasta que el Tribunal Supremo resuelva sus recursos. Demasiado para aguantar que el jefe pacte y ellos mantengan su estrategia de defensa.
Por su parte David Marjaliza, haciendo lo mismo que hiciera el testaferro de Ignacio González, declara que él, Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron 3,6 millones de euros por las obras de ampliación de Metro de Madrid, explicando que Granados era quien decidía el reparto de comisiones y exigía que su parte se le entregase en metálico, en un sobre. Según fuentes presentes en la declaración, ha explicado que López Madrid entró en el reparto por indicación del propio exconsejero de Presidencia, que usó una de las sociedades del empresario para amañar el concurso.
Marjaliza dijo en un momento de su declaración que tiene más documentación, lo que ha sido considerado una amenaza por los otros abogados y por otros agentes de la política madrileña.
Además de los protagonistas principales, nueve empresarios que operan en Valencia salían de la Audiencia Nacional y se libraban de la cárcel. Han pactado con la fiscalía, y han reconocido que financiaron ilegalmente al PP valenciano en las campañas del 2007 y 2008. Incluso se les ha otorgado una “dispensa” para no seguir en la sala donde se juzga a políticos - Ricardo Costa y Vicente Rambla - y a los cabecillas de la red Gürtel. Han pagado una multa. Ese ha sido el precio de su “libertad”.
En el sumario queda registrada su declaración; dieron dinero en “b” al PP valenciano a través de la red corrupta Orange Market. Son Enrique Ortiz, Alejandro Pons, José Francisco Beviá, Vicente Cotino, Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna, Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada.
Grandes nombres del sector inmobiliario, referencia clara de un modelo que ha dañado la política y las instituciones. Todos pretenden lo mismo: salvar con dinero en A, su enrequecimiento en B. Empresarios corruptos y corruptores han decidido poner al PP contra las cuerdas.
La situación del PP
David Marjaliza apunta alto. Se refirió en su confesión a Jaime González Taboada, el que hasta hace poco ha sido consejero de Medio Ambiente de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid y que en la época de Marjaliza era director general de Cooperación con Esperanza Aguirre.
Del mismo modo, citar a Costa es citar a Camps y citar a Taboada es citar a Aguirre. Una declaración que compromete como institución al Partido Popular que contaba, en ambos juicios, en cerrar en los empresarios cabecillas y los políticos dimitidos el grueso de la trama.
Ricardo Costa transmite, sin los dirigentes valencianos a su lado una soledad rotunda. El PP sigue insistiendo en condiderarse exonerado por el tiempo y por la maldad de sus acusadores.
La renovación de cargos no ha sido tal que muchos de los que estaban siguen estando: los temores en la Comunidad de Madrid o en la propia Moncloa son evidentes. Los enemigos no eran las fuerzas de la oposición sino los empresarios corruptores.
