El protagonismo de la desinformación y la proliferación ‘fake news’ en los últimos meses ha conseguido centrar la atención del Gobierno y de las fuerzas de seguridad que han focalizado sus esfuerzos en estar preparados ante cualquier tipo de ataque que pueda poner en duda la credibilidad de los resultados electorales de la cita electoral en Cataluña, una situación que se suma a las amenazas tradicionales de altercados públicos y otros riesgos para la seguridad.
Para este 21D, el Gobierno prevé un incremento de las amenazas en todas las direcciones, hasta el punto de que el dispositivo de seguridad que ha montado el Ministerio del Interior es “superior al de otras elecciones”, tal y como ha confirmado el ministro Juan Ignacio Zoido a apenas un día de que los catalanes acudan a las urnas. En total, serán 10.000 mossos y 3.000 policías y guardias civiles (y otros 2.000 en preaviso por si hiciera falta que acudieran).
Pero la batalla se libra de forma intensa desde hace meses también en la red desde dos focos distintos. Por un lado, las noticias falsas (las renombradas ‘fake news’ de Donald Trump) y otras fórmulas de propaganda que el propio Gobierno de Mariano Rajoy no solo ha reconocido sino que dice haber identificado a algunos de sus autores, ubicados en Rusia. La otra ‘pata’ de los ataques en la red son los ciberataques que podrían hacer caer el sistema y generar una confusión total.
De hecho, la previsión que tienen desde el Centro Nacional de Inteligencia es que este jueves se produzca un incremento de estos incidentes -que ya de por sí han ido ‘in crescendo’ en los últimos meses-. Desde ataques de denegación de servicio, que provocarían la ‘caída’ de las páginas a la suplantación de la página web oficial del recuento de resultados en la que se ofrezcan unos datos dispares con los reales, con el objetivo de después aludir a un pucherazo y deslegitimar el proceso electoral, la principal amenaza según fuentes del CCN-CERT, el centro especializado en ciberdefensa del CNI, citadas por la agencia EFE. Sea como sea, será la Junta Electoral Central quien determinará el resultado definitivo de las elecciones tres o cuatro días después de los comicios pero será el CNI quien supervise el recuento provisional, del que se encarga la empresa Indra. Ya la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de quien depende el CNI, anticipó hace una semana que el Gobierno está haciendo un "trabajo muy intenso" de cara al 21D para "anticiparnos" a los problemas que puedan surgir "y armarnos ante los intentos de desinformación".
En cualquier caso, todas las opciones están previstas y el CNI cuenta con un plan de emergencia ante estos ataques, que también enumera el citado diario. La respuesta se centra en dos tipos: los ataques de denegación de servicio (DNS), que podría darse tanto en el centro receptor de datos como en la web que hace públicos los datos, y desinformación puramente, vía redes sociales. Frente a esta última, la solución que se plantea es denunciar estas informaciones falsas y ofrecer la versión oficial.
De hecho, esta es la ciberamenaza que ha centrado la atención del Gobierno de Mariano Rajoy, que lanzó una campaña para denunciar la intrusión rusa en las informaciones sobre Cataluña. Desde la Unión Europea y la propia OTAN se certificó la existencia de este flujo de información por distintos canales, aunque el CNI no detectó un incremento significativo de ataques desde este país.
En cualquier caso, el ciberactivismo se movilizó ampliamente tras el 1 de octubre, después de que el grupo Anonymous lanzara la campaña #OperaciónCataluña. “El impacto real de esta campaña fue nulo ya que eran ataques muy sencillos, con solo dos atacantes identificados con un ‘modus operandi’ y capacidades técnicas que pretendían hacer exfiltraciones SQL”, explicaba el jefe de seguridad del CCN-CERT en una rueda de prensa ofrecida a finales de noviembre -en la que se lanzó la previsión de que los ciberataques aumentarán el 26% en 2017 en España, con lo que se han alcanzarán los 26.850-.
Blindaje de centros oficiales
Dentro de las amenazas tradicionales, el Ministerio del Interior ha reforzado la seguridad en los lugares clave para la celebración de los comicios: 2.700 colegios electorales tendrán patrullas policiales y blindará el CTTI, el centro de la Generalitat que supervisa todo el sistema informático en Cataluña.
El dispositivo se ha coordinado entre el Ministerio del Interior, el de Presidencia, el de Hacienda y Función Pública y la propia Generalitat, con el CTTI y el Cesicat (el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña).
