Edoardo lleva más de quince años en territorio catalán; Oumou nació hace 22 cerquita de Girona; y Paula hace dos años que estudia un postgrado en Barcelona. Los tres comparten algo: el arraigo, la implicación política en su comunidad, y que ninguno de ellos podrá ejercer el voto en los comicios del 21-D.
No son un caso aislado, pertenecen a las más de 800.000 personas que no pueden participar de unos comicios estatales ni autonómicos –el caso de este 21 de diciembre– por no poseer la nacionalidad española. El 13,7% de la población catalana, según datos de SOS Racisme Catalunya teniendo en cuenta a los "excluidos" en las elecciones estatales de 2015, no podrá elegir a sus representantes en las urnas.
Con el propósito de revertir la situación, una treintena de entidades, sindicatos y asociaciones se han agrupado bajo la plataforma VotxTothom (voto para todo el mundo), que se presentará este viernes en Barcelona y que pretende que el derecho a voto esté ligado a la residencia –al empadronamiento– y no a la nacionalidad.
Para los miembros de la plataforma, negar el máximo derecho a la expresión política en una democracia participativa –dicen en referencia al voto– es una "vulneración intolerable". La reflexión la comparten Edoardo, Oumou y Paula que, pese a sus años en el territorio y su empeño en movimientos sociales de distinto pelaje, no podrán votar en la próxima cita electoral en Catalunya.
Edoardo llegó a territorio catalán en 2003, desde Milán, y para estudiar. Y aquí se quedó. Ahora es papá de una pequeña de tres años y, pese a su trabajo en entidades por los derechos sociales como la propia SOS Racisme –de la que forma parte del consejo asesor– no puede votar. Él podría haber pedido la nacionalidad, pero se niega; cree que sus derechos como ciudadano no deben depender de su nacionalidad. "La clave de esto no es facilitar el proceso de nacionalización, sino saber qué significa ser ciudadano, y porqué los sigue habiendo de primera y de segunda. La democracia representativa debe ser reformada", zanja.
En la misma línea se expresa Oumou, nacida en una pequeña población de Girona hace 22 años. La joven siente "impotencia" por no poderse expresar en los comicios, pese haber nacido en Catalunya. Sus padres, de origen senegalés, no obtuvieron nunca la nacionalidad, por lo que ella no la heredó; en España la nacionalidad se puede obtener por motivos de sangre, el conocido como ius sanguinis. Ahora se encuentra en fase de obtenerla, tras realizar dos exámenes.
"Pago mis impuestos pero no puedo votar", denuncia la joven trabajadora social, que dice sentirse "excluida". Activa también en diferentes movimientos políticos de su ciudad, asegura que le desilusionó no poder participar del referéndum 1-O.
Para Paula, una estudiante argentina de posgrado y militante en diferentes colectivos en pro de los derechos de los migrantes, el momento político generado en Catalunya con la promesa de la nueva república debería haber servido para poner el voto universal en la picota. Pero no fue así. Como recuerda, la ley de transitoriedad del Govern ahora cesado no contemplaba el voto universal. "Esta es nuestra casa, aquí desarrollamos nuestra actividad, pero no cuando hay que acudir a las urnas".
Edoardo, Oumou, y Paula no tienen la nacionalidad española, por consiguiente no pueden votar. En España el derecho a voto está vinculado a la nacionalidad, con una sola excepción: las personas con nacionalidad de algún país de la Unión Europea y aquellas provenientes de países con acuerdo de reciprocidad pueden votar, pero sólo en las elecciones locales (los europeos también pueden concurrir a los comicios de la UE). Actualmente, el Estado tiene firmados acuerdos con Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda, Paraguay, Cabo Verde e Islandia.
Por lo tanto, la ley de Extranjería (LOEX) sólo reconoce el derecho a sufragio activo a las personas extranjeras de países de la UE en comicios municipales. Para el resto de contiendas, la Constitución Española de 1978 reserva el ejercicio de voto a las personas de nacionalidad española en su artículo 13,2. De hecho, ni siquiera menciona en él a las personas extranjeras.
Según la plataforma, la viabilidad de conseguir el voto universal mediante el padrón es "obvia", pues los ayuntamientos están obligados a empadronar a los ciudadanos residentes independientemente de su situación administrativa; el mecanismo ya funciona a nivel local para asumir derechos civiles o en educación.
Para conseguir dicho voto universal ligado a la residencia, el objetivo de la plataforma –aseguran– es doble: conseguir la modificación del artículo 13 de la Constitución Española y asegurar que todos los ayuntamientos cumplen con la obligación de empadronar a todas las personas residentes. Para ejercer presión social han lanzado un manifiesto e impulsarán una campaña de sensibilización.
Edoardo, Oumou, y Paula saben que deberán limitarse a ver por televisión los comicios del 21-D, pero lucharán porque sea la última vez. "La exclusión que emana de la Constitución no está pensada para un mundo globalizado; está redactada para el siglo XX, que ya quedó atrás. Habrá que hacer algo para cambiarlo", comparten.
