Los apuntes son unos cuantos. El Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) ha analizado el proyecto de decreto por el que se aprobará el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en la comunidad y no recomienda aniquilar lo hecho, pero sí introducir algunas modificaciones. El organismo valora de entrada que, sin ser «preceptivo», la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio solicitase su pronunciamiento. Éste fue aprobado por el pleno de la entidad en la sesión celebrada el pasado día 22 e incluye una pequeña hemorragia de observaciones, aunque «partiendo de la premisa de que una norma destinada a fomentar el desarrollo económico y el empleo de calidad en el sector industrial es siempre una medida positiva y valorable». Tras poner su lupa sobre el texto, entiende el CES que el contenido del decreto remitido por la Junta, «lamentablemente», necesita de «un fuerte impulso e implementación adicional para hacer realidad» las expectativas que podría despertar su nombre.
Para arrancar, el consejo entiende que «hubiera sido deseable una mayor participación e interlocución con los agentes económicos y sociales» de la región en la elaboración del texto y esto «no sólo por el fundamental papel que desempeñan en la defensa de los intereses y derechos que están afectados por la norma», sino también porque «para su propia eficacia y efectividad es esencial el conocimiento, el compromiso, la participación y el acuerdo en cuantas medidas» lo conforman. Es más, apunta el CES en su dictamen, consultado por LA RAZÓN, que hubiera sido «más efectivo» que, antes de enviarle el proyecto a dicho organismo, «se hubiera seguido el habitual proceso de discusión y negociación de su contenido en el seno de las mesas técnicas» derivadas de «la Estrategia Industrial de Andalucía, más allá de su anuncio» por la Junta «en la Mesa por la Calidad en el Empleo, en junio de este año, cuando se constituyó» aquélla «formalmente». En este punto, cabe tirar de memoria. La presidenta del Gobierno autonómico, la socialista Susana Díaz, firmó el pasado enero con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y los secretarios generales de UGT-A y CC OO-A, Carmen Castilla y Francisco Carbonero entonces –ahora dirige esa organización sindical Nuria López, tras producirse un relevo en la dirección–, un Pacto Andaluz por la Industria, enmarcado en la estrategia diseñada para este sector de cara a 2020, como prueban las múltiples fotografías que se hicieron en el palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo regional. Meses después, el CES pone el acento en su dictamen sobre el citado decreto para el impulso del empleo industrial en «el olvido que la norma realiza de la función y el papel que las organizaciones sindicales y empresariales pueden desempeñar en la ejecución y puesta en práctica de muchas de las medidas recogidas» en él.
«Resulta llamativo –se asevera en el informe del organismo– que en la relación general de personas y entidades beneficiarias, pese a su carácter abierto y bastante onmicomprensivo, no figuren tales organizaciones». Una exclusión que, a juicio del Consejo Económico y Social, «no parece justificada» cuando se incorporan en el catálogo de esa condición a «casi todo tipo de entidades, tanto privadas como públicas». Ello supone, avisan desde el CES, «cierto agravio comparativo» y, sobre todo, se priva a «la sociedad» en su conjunto del «beneficio que la labor de tales organizaciones en ámbitos tales como la investigación, podría suponer», lanzan los responsables del dictamen desmenuzado por este periódico.
Más allá de esa ausencia, el consejo sostiene, una vez concluido su trabajo, que hay cierta «disfuncionalidad» entre el contenido del proyecto de decreto y su «verdadero objeto», analizable desde dos perspectivas. De un lado, señala que ya durante la tramitación de la norma, «el informe del gabinete jurídico» del Gobierno andaluz puso el acento en «algunos problemas en lo relativo a la delimitación del ámbito concreto sobre el que se proyectaría el decreto»; unas anomalías que, «pese al esfuerzo en su solución, perviven en gran medida», a criterio de un CES, que asevera haber constatado el «desequilibrio» en «varias ocasiones».
De otro, desde una óptica «menos literal y más sustancial», refleja que «la regulación recogida en el proyecto de decreto parece más asimilable a un programa general de incentivos al fomento del empleo y la mejora de la empleabilidad» que a un «auténtico plan para promover» ocupaciones en la industria. De hecho, anota que «muchas de las entidades» que se verán favorecidas de las iniciativas del futuro plan «no pertenecen» a ese ámbito y la norma carece de «estrategia en cuanto a la ocupación» de esos puestos de trabajo. Un comentario que, matiza, hizo antes otra vez el gabinete jurídico de la Junta. El consejo hace constar además que los «elevados índices de siniestralidad» laboral que aún se dan «aconsejan prestar especial atención» a la seguridad y salud laboral en el sector industrial, por lo que aboga por que se incorpore una mención expresa a ese apartado «en la lista de medidas contempladas en el artículo 3.1 del decreto», lo que implicaría sumar a éste «un nuevo capítulo» para desarrollarlo y la «reformulación del Capítulo I». Apuesta, para acabar, por que los entes englobables en la esfera de la denominada economía social se inserten en «la noción genérica de empresas».
