Un año después del estallido de la denominada crisis sanitaria, el descontento ciudadano con la «joya de la corona» de la Administración andaluza sigue latente, aunque las manifestaciones parece que se han ido desinflando. Ayer, Huelva se echó a la calle por quinta vez para reclamar una sanidad digna. Según los datos ofrecidos por la Subdelegación del Gobierno, casi 1.600 personas estuvieron presentes en la protesta; 8.000, atendiendo a los organizadores. Unas cifras en cualquier caso notablemente inferiores a las de la primera gran marcha, que congregó el 27 de noviembre de 2016 a casi 13.000 manifestantes.
Pero en este año poco ha avanzado la asistencia onubense, una provincia que sigue a la cola en la mayoría de los indicadores sanitarios de la comunidad autónoma. «Tenemos el menor gasto por habitante en sanidad y el menor número de camas, de profesionales sanitarios y de dotación tecnológica», aseguró la presidenta de la asociación «Huelva por una sanidad digna», Julia Paloma Hergueta, una vez concluida la marcha, al tiempo que subrayó que «Huelva es la Cenicienta y no podemos estar callados».
A modo de balance, citó los «logros» conseguidos, como una ambulancia exclusiva para el transporte de pacientes críticos, dos nuevos equipos para las emergencias en la sierra, una UCI pediátrica «infradimensionada» o la paralización de la fusión hospitalaria, aunque «no ha habido reversión completa como ordenaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)». La lista de las asignaturas pendientes es más extensa. En ella aparece una reclamación estrella: la construcción de un hospital maternoinfantil. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió en el Parlamento andaluz a incluir una partida para este fin en los Presupuestos de 2018, pero finalmente no figura ninguna cantidad. También reclama el colectivo nuevas unidades de ictus y del dolor, la apertura de tres chares «prometidos», la contratación de más médicos, matronas y personal de enfermería, la construcción de los centros de salud de Isla Chica, Valverde y Gibraleón y la reforma de los de Cartaya, el Molino y Lucena, entre otras reivindicaciones.
Si por algo se caracteriza este movimiento ciudadano es por la insistente voluntad de reunirse con la cúpula del Servicio Andaluz de Salud para abordar la problemática. Y a diferencia de Granada, donde diferentes colectivos se han sentado con la Administración para planificar el nuevo mapa sanitario, en Huelva la interlocución ha sido nula. Hergueta recordó que la asociación ha presentado cuatro denuncias al Defensor del Pueblo y «aún no hemos recibido ni un informe porque el SAS no ha respondido a sus demandas». Además, ha dirigido más de cien cartas a Díaz, a la consejera y a la gerente del SAS pidiéndoles un encuentro, sin obtener respuesta alguna.
