(CNN Español) — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su siglas en inglés) alertaron este viernes en un comunicado sobre lo que consideran el “agravamiento de las libertades de expresión y de prensa” en El Salvador, tras realizar una misión conjunta en el país centroamericano del 9 al 11 de septiembre.
Las organizaciones consideran que las condiciones para el trabajo de los periodistas se ha agravado con la implementación del estado de excepción que rige desde marzo de 2022, como respuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele a un repunte de violencia que en un solo día de marzo de ese año dejo 62 homicidios.
El régimen de excepción, al que el gobierno de Bukele atribuye una histórica reducción de homicidios y la detención de cerca de 82.000 personas de acuerdo con cifras oficiales, limita garantías constitucionales y permite, entre otras cosas, la intervención de las telecomunicaciones sin la autorización de un juez, así como las detenciones sin orden judicial y amplía la detención provisional de 72 horas a 15 días. Esto “crea un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo”, sostiene el informe.
La transformación de la seguridad en El Salvador bajo el mando de Bukele
Para elaborar este informe, el presidente de la SIP, Roberto Rock, y la coordinadora del programa de América Latina del CPJ, Cristina Zahar, se reunieron con representantes de medios de comunicación, de asociaciones de periodistas, de la academia, de organizaciones sin fines de lucro con enfoque en los derechos humanos, integrantes del cuerpo diplomático y con el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán.
Según el informe, los periodistas consultados para la elaboración del informe coinciden en que el gobierno de Bukele restringe el acceso a la información pública, y señalan que esto limita “la transparencia sobre temas críticos como la situación en las cárceles y las estadísticas de criminalidad en el contexto del estado de excepción”.
Agregan que “algunos colegas decidieron abandonar la profesión por temor a represalias” y que otros se habían visto forzados a dejar el país “de manera temporal o permanente, debido a la persecución gubernamental”.
El gobierno reaccionó a través del comisionado Guzmán, quien dijo a CNN que “respeta” las observaciones de las organizaciones, pero resaltó que desde que Bukele asumió la presidencia “no se ha registrado ni un solo caso de periodistas asesinados, detenidos o situaciones que involucren la destrucción de equipo de trabajo periodístico, como cámaras, incluso durante el régimen de excepción”.
Guzmán sostuvo que el gobierno está abierto a un “diálogo franco” con organizaciones nacionales e internacionales que permita abordar cualquier inquietud para construir un ambiente en el que la prensa pueda cumplir su rol con respeto a la verdad.
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