WASHINGTON DC — La Corte Suprema rechazó este miércoles una petición del gobierno de Biden que buscaba revivir el último plan para abordar la deuda de préstamos estudiantiles federales.
La corte en una orden breve rechazó una solicitud de emergencia presentada por el gobierno que buscaba levantar una orden judicial a nivel nacional impuesta por un tribunal de apelaciones.
El Departamento de Educación emitió una regulación que finaliza su plan Saving on a Valuable Education, o SAVE, en julio de 2023, el mes después de que la Corte Suprema dictaminara que el gobierno carecía de autoridad para implementar el programa de condonación de préstamos anterior de Biden.
El nuevo esfuerzo, como el anterior, fue desafiado por varios estados de tendencia conservadora liderados por Missouri.
La nueva propuesta tiene varias disposiciones, incluida una que limitaría la cantidad que las personas tienen que reembolsar por préstamos universitarios al 5% de sus ingresos. Anteriormente, el límite era del 10%.
Los impugnadores dicen que requeriría un gasto de hasta 475,000 millones de dólares que no fue autorizado por el Congreso. Dicen que debería bloquearse por la misma razón que la Corte Suprema bloqueó el plan anterior de Biden.
Según la doctrina de las “cuestiones importantes” adoptada por los jueces conservadores de la corte, las agencias federales no pueden iniciar nuevas políticas radicales que tengan efectos económicos significativos sin tener la autorización expresa del Congreso.
Los estados argumentaron en documentos judiciales que la “afirmación de autoridad sin restricciones para cancelar cada centavo de cada préstamo por parte de la administración Biden es asombrosa”.
Otras disposiciones del nuevo plan impondrían límites a los intereses devengados y acortarían el período de pago de ciertos préstamos pequeños, lo que permitiría su condonación.
Los estados presentaron una demanda en abril para intentar bloquear el plan, y un juez federal de Missouri determinó únicamente que la propuesta de reducción de los plazos de pago debía suspenderse.
Pero en una decisión del 9 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito de Estados Unidos, con sede en St. Louis, emitió una orden judicial más amplia que suspendía todo el plan.
En los documentos judiciales, la Procuradora General Elizabeth Prelogar dijo que los cambios en los montos de pago están permitidos por una ley federal de 1993, que dice que el Departamento de Educación puede determinar la “porción apropiada” de los ingresos para calcular los montos de pago y también para establecer los plazos de pago.
Dijo que la orden judicial de apelación “extremadamente amplia” va más allá del nuevo plan y bloquea la implementación de cambios previos en los términos de pago que datan de 1994, “alterando así las expectativas establecidas de los prestatarios que han realizado pagos durante años o incluso décadas”.
Alrededor de 8 millones de personas ya están inscritas en el plan SAVE, con otras disposiciones previamente vigentes que han permitido reducir los montos de reembolso.
