(CNN Español) — El gobierno de Puerto Rico anunció este martes que demandó a más de 30 exfuncionarios convictos por delitos de corrupción, colaboradores y hasta empresas, con la finalidad de recuperar más de US$ 30 millones por daños al erario.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico informó en un comunicado que esta es la primera demanda en la isla en la que se imputa a los señalados ―todos convictos por delitos de corrupción, entre quienes se encuentran exlegisladores, exalcaldes y miembros de sus equipos de gobierno, por mencionar algunos.
Entre los acusados está el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, quien fue sentenciado en febrero a más de 5 años en prisión por los delitos de conspiración, soborno de programas federales y extorsión, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Además de Pérez Otero, algunos de los acusados fungieron como funcionarios públicos algunos desde mediados de la década del 2000 hasta el año 2021, según el departamento de Justicia.
“El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, reveló hoy que, tras un análisis jurídico completo y meticuloso, el Departamento de Justicia presentó las 15 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentadas en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por una cuantía total que supera los U$30 millones”, indicó el comunicado fechado este martes.
Registros del Departamento de Justicia muestran que en las 15 demandas se encuentran las decenas de señalados de haber causado daño al erario boricua.
CNN contactó al Departamento de Justicia en Puerto Rico para saber si la defensa de los imputados presentó algún recurso legal y no se recibió respuesta. También se está intentando contactar a los abogados de los demandados.
La institución señala que las autoridades puertorriqueñas tienen la capacidad de reclamar el daño a las cuentas públicas.
“El Código Anticorrupción permite reclamar, mediante demandas civiles en la jurisdicción estatal, el dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico. La indemnización monetaria es equivalente al triple del daño económico ocasionado al Gobierno de Puerto Rico mediante actos de corrupción”, agregó el comunicado.
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