Los legisladores republicanos volvieron a apuntar a la delincuencia en DC el jueves durante una audiencia en la que escucharon el testimonio de víctimas de delitos y de la vicealcaldesa de seguridad pública de la ciudad.
La vicealcaldesa de Seguridad Pública y Justicia de DC, Lindsey Appiah, testificó bajo juramento ante un subcomité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes que los delitos violentos se han convertido en una “crisis”.
“Oxford define una crisis como un momento de intensa dificultad, problema o peligro. Entonces yo diría que nos encontramos en un momento intenso de problema o peligro, por lo que diría que hay una crisis”, acotó Appiah a los miembros del Congreso.
En marzo, el presidente del Consejo de DC, Phil Mendelson, dijo a otro comité del Congreso: “No hay una crisis de criminalidad en Washington, DC”.
La audiencia liderada por los republicanos se centró en responsabilizar a los delincuentes convictos, y muchos culparon al Concejo de DC, a los jueces del Tribunal Superior del Distrito y al fiscal federal de la ciudad, Matthew Graves.
“El crimen está fuera de control y todo el mundo lo sabe. Más importante aún, todo el mundo sabe por qué. Cuando se desfinancia a la policía y se tienen fiscales que son suaves con el crimen, hay más crímenes”, relató el representante Jim Jordan.
Gaynor Jablonski, propietario de un pub en DC, testificó ante el comité sobre cómo un hombre lo atacó dentro de su negocio frente a su hijo a principios de este año. Los miembros del Congreso vieron el video del ataque durante la audiencia.
“Por muy horrible que sea ese vídeo, lo que pasó después fue aún peor”, dijo Jablonski. “Le dan ocho meses y yo tengo que explicarle a mi hijo de 5 años por qué tuve que pelear con este hombre, y mi hijo de 5 años me lo cuenta cuando lo dejo en la escuela todos los días para estar seguro”.
“Si nadie va a hacer su trabajo y procesar y responsabilizar a la gente, ¿qué sentido tiene?”, cuestionó Jablonski.
El Consejo de DC aprobó tres proyectos de ley de emergencia contra delitos en julio, incluida una legislación para facilitar que los jueces mantengan detenidos a adultos y jóvenes acusados de delitos violentos hasta su juicio.
En mayo, la alcaldesa, Muriel Bowser, testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, afirmando que la ciudad necesitaba más fiscales.
Bowser también pidió al Congreso que reforme las leyes federales sobre armas, financie proyectos de infraestructura local y presione a los trabajadores federales para que regresen a las oficinas del centro.
