Hace unos meses el Gobierno no tenía ninguna prisa en adaptar nuestro ordenamiento al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, publicado en el BOE el pasado mes de abril. Quizá porque no hacía falta adaptación alguna, salvo asumir que de lo que se trataba, según recalcó el Consejo Europeo en su web, era de introducir en las legislaciones de los Estados miembros “medidas destinadas a proteger a los periodistas y prestadores de servicios de comunicación de las injerencias políticas”, y no de lo contrario. “El Consejo -se podía leer en la nota hecha púb ...
