Organización criminal, ocho años de cárcel; y blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documento público, seis años de cárcel. El horizonte penal de los integrantes del clan del expresidente catalán se complica mucho después de que este jueves el magistrado que investiga el caso Pujol, José de la Mata, propusiera juzgar a Jordi Pujol Soley, su mujer Marta Ferrusola Lladós, y a sus siete hijos: Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer.
La investigación sobre la organización criminal de los Pujol la inició en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, que pese a instruir también la macrocausa de Gürtel, encontró tiempo para abrir una causa que ocho años después ha finalizado el ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
La investigación realizada desde entonces por Ruz y su sucesor, José de la Mata, los fiscales de anticorrupción Belén Suárez, José Grinda y Juan José Rosa, así como los agentes del Grupo 24 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) de la Agencia Tributaria, ha puesto al descubierto décadas de corrupción institucionalizada desde el Palau de la Generalitat, con Convergència Democràtica de Catalunya en el Ejecutivo de Barcelona.
Precisamente, el juez De la Mata, que también investiga el caso del 3%, sobre el presunto cobro de comisiones de los políticos nacionalistas catalanes, considera que la actuación de la familia Pujol Ferrusola responde a un "plan preconcebido y ordenado dirigido a la ocultación de grandes sumas de dinero de origen desconocido", aunque vinculado con la corrupción generalizada durante décadas.
Con el paso de los años, la organización criminal pasó a ser dirigida por el primogénito de los hermanos, Jordi Pujol Ferrusola, quien tras ingresar en Andorra las sumas de dinero en cuentas controladas por él, procedía a su transferencia a cada uno de los hermanos, generalmente en misma fecha y cuantía.
El auto indica que existen indicios que revelan que en las cuentas corrientes que los miembros de la familia mantenían en Andorra se realizaron continuos ingresos y reintegros, en muchas ocasiones en metálico, de cantidades millonarias, de origen desconocido y que los Pujol no aclaran.
El clan del expresident se benefició del control total del expresident de la Administración catalana. Y por eso, según resalta el juez De la Mata, los pagos al clan no solo se realizaban como contraprestación por la influencia ejercida por la familia ante distintas autoridades: "En otros muchos casos se realizaban por personas y empresas para crear o mantener una buena relación con la familia Pujol Ferrusola, y así ser tomadas en cuenta para futuros negocios, adjudicaciones ilícitas o, simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos".
"Estos pagos corruptos", prosigue el juez en su auto, "no estaban vinculados a concretas operaciones: se realizaban en atención al poder e influencia ostentado por esta familia y su capacidad para influir en las contrataciones, con la finalidad de crear o de mantener la buena relación con ellos, plenamente conscientes de que esta vía (realizar pagos ilícitos), era el camino para conseguir posteriormente tratos de favor o adjudicaciones de concursos públicos".
Las cifras de estos pagos aportados por la Agencia Tributaria muestra que el fraude del primogénito fue de 16,6 millones de euros. Además, ingresó mediante numerosas empresas interpuestas y préstamos ficticios 29,3 millones. El padre, Jordi Pujol Soley, dejó de pagar a Hacienda 885.651 euros, que justificó como una herencia del abuelo Florenci, algo que el magistrado descarta de plano.
El clan también habría recurrido, según el juez, a los premios de Lotería, un método de blanqueo de capitales, por el que Mercé Gironés Riera, la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, habría ingresado 180.00 euros por tres premios de Lotería.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata hace referencia a esa presunta táctica de blanqueo en el auto en el que propone juzgar a los miembros de la familia del expresident por formar una organización criminal para enriquecerse durante décadas a través de actividades relacionadas con la corrupción.
