En una carta dirigida a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, una veintena de ONGs han denunciado este lunes los efectos que la pandemia del coronavirus están teniendo sobre la transparencia y el acceso a la información de los ciudadanos en España. Un derecho que, según las asociaciones que suscriben la misiva, "se encuentra seriamente limitado" desde la entrada en vigor del estado de alarma decretado por el Gobierno.
"Hacemos un llamado a todos los miembros del Gobierno central, mediante este ministerio, para que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información, que en este momento se encuentra seriamente limitado por la suspensión de plazos administrativos dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19", indica la carta.
El texto, suscrito por una veintena de asociaciones que forman parte de la Coalición Pro Acceso (como Greenpeace, Reporteros Sin Fronteras o la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, además de las principales ONGs de transparencia de España), resalta la importancia de que los ciudadanos, para confiar en sus instituciones, conozcan las actuaciones actuaciones del Gobierno y de que el Ejecutivo asegure así la adecuada rendición de cuentas.
"Es precisamente en tiempos de crisis cuando el derecho de acceso a la información y la transparencia deben ser una prioridad, pues favorecen que los ciudadanos conozcan las actuaciones gubernamentales y aseguran la adecuada rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, condiciones indispensables para afianzar la confianza de la sociedad en los gobiernos", señala la misiva enviada este lunes a la ministra Darias.
Las organizaciones firmantes reconocen que la gravedad de la pandemia ha llevado a otros gobiernos de Europa y América a adoptar medidas excepcionales como la suspensión de plazos administrativos. Sin embargo, también señalan ejemplos de buenas prácticas dentro y fuera de nuestras fronteras "que demuestran que, a pesar de las circunstancias, es posible cumplir con ese derecho".
Por ello, enumeran en un listado dirigido al Gobierno una serie de medidas necesarias para garantizar el acceso a este derecho.
Entre otras, exigen modificar el Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre las excepciones de suspensión de plazos administrativos. También solicitan instar a las unidades de información de la Administración General del Estado, mientras dure el estado de alarma, a responder de forma prioritaria a todas aquellas solicitudes relacionadas con la Covid-19.
Asimismo, piden continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes de información recibidas antes o durante el estado de alarma, incluidas las no relacionadas con la pandemia, evitando que la resolución se prolongue en el tiempo.
También exigen documentar debidamente la toma de decisiones y las actuaciones públicas que se lleven a cabo por parte del Gobierno, así como asegurar la correcta gestión de toda la información.
Para asegurar la transparencia de las actuaciones de las instituciones públicas, las ONG que suscriben la carta, piden que el Gobierno cree una página web o una sección en el Portal de Transparencia "dedicada exclusivamente a la Covid-19, donde se publique de manera proactiva y centralizada toda la información relacionada con la gestión de la pandemia (sanitaria, legal, laboral, económica, científica, presupuestaria y medioambiental) a nivel nacional, autonómico y local, ofreciendo los datos con la mayor desagregación posible.
Además, piden que en esa web se publique proactivamente y de forma inmediata la información de los comités científicicos así como los informes en los cuales se basan las decisiones tomadas por el Gobierno.
