Un estudiante obtuvo el derecho a hacer el examen de bachillerato a los 15 años, al ganar un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) en la Sala IV.
El pasado 30 de agosto, los magistrados determinaron que el MEP vulneró el derecho a la educación del menor al restringir su posibilidad de inscribirse para las pruebas. Además, condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados.
Según la sentencia, el joven estaba inscrito en el programa de Educación Diversificada a Distancia y tenía previsto realizar los exámenes de bachillerato que corresponden a esta modalidad de estudio, cuyo periodo de matrícula se extendió del 29 de abril al 5 de mayo del 2024.
Para obtener el título de bachillerato a distancia, los estudiantes deben superar dos pruebas que versan sobre los temas académicos de cuarto y quinto año de colegio.
Sin embargo, el 30 de abril, tan solo un día después del inicio del periodo de inscripción, el Ministerio de Educación Pública modificó el requisito de edad para ejecutar las pruebas. En principio, según el decreto ejecutivo 26906-MEP de 1998, la edad mínima para realizar los exámenes era de 15 años. No obstante, tras la variación, el requisito ascendió a 16 años cumplidos al momento de realizar las pruebas.
La madre del menor interpuso el recurso de amparo. Alegó que el cambio en la normativa se hizo de forma “unilateral y sin previo aviso”, además de que retrasaría el desarrollo académico de su hijo hasta el 2025, ya que impidió que acudiera a hacer los exámenes para los que se había preparado con antelación.
La Sala le dio la razón detallando que el MEP transgredió el principio de confianza legítima, un precepto que impide a las administraciones públicas frustrar las expectativas generadas por sus normas y sustituirlas, de manera sorpresiva, por otras desiguales.
Según la Sala IV, si bien el establecimiento de parámetros de ingreso a las distintas posibilidades del sistema educativo corresponde al MEP, el cambio en la normativa no fue publicado con la debida antelación; más bien, se hizo después de haber iniciado el periodo de matrícula.
Los magistrados basaron su voto en una sentencia del 28 de julio de 2024, con la que determinaron que la decisión de la institución condicionó el derecho a la educación de forma arbitraria.
El Tribunal otorgó diez días hábiles a la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller Castro, y al director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, Álvaro Artavia Medrano, para tramitar la postulación del menor según el decreto de 1998, que establece como edad mínima los 15 años para ejecutar las pruebas.
Además, la Sala recordó que el incumplimiento de una orden dictada dentro de un recurso de amparo puede implicar de tres meses a dos años de prisión o de 20 a 60 días multa.
