Los ministerios de Transportes, Vivienda y Educación y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) serán los primeros en aprovechar una plataforma que busca agilizar los procesos de adjudicación previos a la construcción de obras urgentes, debido al impacto de desastres naturales y a su alto riesgo, según el criterio de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Este jueves, la CNE informó, en un comunicado, que la nueva plataforma es parte del “Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura” (Proeri), el cual será financiado mediante un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y estará amparado por la normativa de dicha entidad.
Alejandro Picado, presidente de la CNE, expresó que esa herramienta está abierta desde ahora a todas las empresas interesadas en participar de las licitaciones para las diferentes obras.
El pasado 18 de junio, el BCIE comunicó el desembolso de los primeros $75 millones para avanzar en 120 proyectos, lo que permitirá habilitar licitaciones públicas internacionales, así como realizar diseños, planos constructivos y estudios necesarios para iniciar los trabajos.
En dicho comunicado, el Banco afirmó que se trata del mayor financiamiento otorgado en la historia de esa entidad, con un monto global de $700 millones, destinado a la intervención de 502 obras públicas en estado de emergencia o riesgo, muchas de las cuales fueron afectadas por fenómenos naturales como la tormenta tropical Bonnie en el 2017, la zona de convergencia intertropical del Pacífico y el huracán Julia en el 2022. Este financiamiento fue aprobado mediante una ley en marzo de este año.
El dinero del préstamo se incluyó en el segundo presupuesto extraordinario de la República como una transferencia de capital de la Presidencia para la CNE por un total de ₡360.822 millones, y para el 30 de junio de 2024, se habían devengado ₡39.174 millones.
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El comunicado de la CNE señala que la nueva herramienta, abierta al público, permitirá una mayor transparencia en relación con las obras que requieren intervención inmediata y que estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (por medio del Consejo Nacional de Vialidad), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, así como el Incofer.
Efraím Zeledón, ministro a. i. del MOPT, dijo que de los $700 millones del crédito de Proeri, ese ministerio tiene casi la mitad asignada para puentes, carreteras y otras obras de estabilización de taludes. Agregó que la meta es tener publicados en noviembre más de 50 paquetes de licitaciones y así comenzar el diseño y construcción el año próximo y entregar las primeras obras a finales del 2025. Dijo que en esa plataforma se van a publicar todas las licitaciones, para que cualquier persona o entidad las pueda consultar.
El MEP planea atender 46 centros educativos y ya ha iniciado el proceso de licitación para 33 de ellos. Entre los centros contemplados se encuentran los liceos de Tobosi, Tierra Blanca, Bribrí, Sixaola, barrio Limoncito, la escuela Carlos Joaquín Peralta Echeverría, en Cartago, y la escuela José Liendo, en Goicoechea, entre otros.
Por su parte, el Incofer busca mejorar la infraestructura ferroviaria mediante la intervención de pasos a nivel, puentes ferroviarios, alcantarillas y otras obras complementarias. En esta primera etapa se trabajará en 23 puentes ferroviarios y cinco pasos a nivel, con una inversión superior a los $63 millones. Actualmente, están en proceso de contratación cinco lotes de obras para diseño y construcción, ubicadas en el Gran Área Metropolitana (GAM), y se espera que estas primeras contrataciones se abran el mes próximo.
El MOPT ejecutará trabajos en 84 puentes que presentan años de deterioro, así como en 87 puntos de carreteras nacionales afectados por deslizamientos y erosiones, lo que pone en riesgo la comunicación con algunas comunidades. Algunas obras ya están en etapa de licitación, y se espera que los primeros trabajos inicien a comienzos del próximo año.
Lourdes Sáurez Barboza, directora de Infraestructura Educativa del MEP, dijo que con ese financiamiento se rehabilitarán muchos centros educativos que a lo largo de los años han estado en abandono y con riesgo por las malas condiciones de su infraestructura.
Finalmente, el Ministerio de Vivienda trabaja en el proyecto denominado Barras III, que consta de 105 soluciones habitacionales en Limón, y en Rey Curré, con 31 soluciones de vivienda ubicadas en Buenos Aires de Puntarenas. El mapa completo de obras se puede consultar en la página www.e-proeri.org.
Además, existen otros nueve planes para atender a 205 familias en los cantones de Buenos Aires, Golfito, Alajuelita, Aserrí y Desamparados, afectadas por eventos naturales, por lo que se está gestionando su construcción en conjunto con la CNE.
La nueva plataforma permitirá que las empresas constructoras muestren su interés en mejorar la infraestructura del país, con la expectativa de que todas las obras sean licitadas para el inicio de 2025.
La CNE también informó que trabaja en 203 proyectos relacionados con decretos de emergencia, los cuales están incluidos y financiados por el programa Proeri y se gestionan a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), pues no se trata de obras de riesgo inminente.
La Contraloría General de la República realizó una auditoría especial acerca del establecimiento de controles por parte de la CNE para la ejecución del citado programa. También realizó el monitoreo y evolución del Programa al 30 de junio como parte del Informe Situación Fiscal y Presupuestaria del 2024.
La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del ente contralor indicó que en las compras y los procesos de contratación para los proyectos de peligro inminente aplican las políticas y normas para la obtención de bienes, obras, servicios y consultorías con recursos del BCIE.
Sin embargo, la División de Contratación Pública delineó el 27 de junio sus competencias en materia de impugnación al amparo del artículo 92 Ley General de Contratación Pública y en el contexto del contrato de préstamo, donde queda claro que la Contraloría ostenta competencia tanto para los recursos de objeción del pliego como de apelación del acto final en el tanto se alcance el monto de licitación mayor. Lo anterior debido a que en el trámite legislativo del crédito no se definió un régimen recursivo.
