La Contraloría General de la República (CGR) es el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, encargado de fiscalizar la Hacienda Pública de Costa Rica. La cabeza de esta institución es el contralor o la contralora general de la República, quien cumple con una serie de funciones para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
La actual jerarca de esta institución es Marta Acosta Zúñiga. Su cargo, el de contralora, se escoge mediante votación de los diputados por un periodo de ocho años; en el caso de Acosta, ella fue reelecta en 2020, por lo que permanecerá en el puesto hasta el 2028.
Su principal responsabilidad es conducir todo el ente fiscalizador, es decir, la Contraloría. Esto aplica tanto para la gestión interna del órgano como para la supervisión de las instituciones externas, que involucran a los ministerios, municipalidades y empresas estatales.
En ese sentido, la contralora trabaja con las cuatro divisiones de la institución (fiscalización operativa y evaluativa, jurídica, contratación pública y gestión de apoyo), así como su Consejo Consultivo. A través de reuniones semanales o quincenales, les dan seguimiento a los asuntos del órgano, que usualmente están relacionados con presupuestos, contrataciones y proyectos que involucran el dinero público de los costarricenses.
También, la jerarca asume responsabilidades relacionadas con la Asamblea Legislativa, como ir a comparecencias de manera frecuente, preparar proyectos ley, brindar asesoría a diputados y ofrecer audiencias a jerarcas de otros entes que así lo soliciten.
Además de la contralora existe el subcontralor, cargo que actualmente ocupa Bernal Aragón Barquero, quien se encarga de reemplazar a la máxima jerarca durante ausencias temporales. Ambos deben responder a los diputados por el cumplimiento de sus funciones, por lo que cada año, a través de una comparecencia, presentan un informe sobre su rendición de cuentas.
En el mismo sentido, la Contraloría debe presentar informes periódicos ante la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, en los que detalla la gestión presupuestaria de todo el sector público, así como las auditorías y denuncias que se hayan presentado a lo largo del año.
Como parte de su labor para divulgar los insumos generados, la Contraloría General de la República maneja un sitio web donde la ciudadanía puede consultar información sobre contrataciones y presupuestos públicos, realizar trámites en línea y acceder a criterios, pronunciamientos y gestiones presentadas ante la institución.
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Anualmente se aprueba el Presupuesto Nacional, un documento que establece los recursos disponibles para cada entidad del gobierno en el año siguiente, a partir de los gastos e ingresos proyectados en el año anterior.
El Presupuesto Nacional se conforma de dos partes. Primero, todas las instituciones del gobierno central preparan sus proyectos presupuestarios y los envían al Ministerio de Hacienda, ente que emite instrucciones o limitaciones financieras. Luego, el ministerio integra estos proyectos y los presenta ante la Asamblea Legislativa, para que los diputados los aprueban o desaprueben en noviembre de cada año.
En la segunda parte, las instituciones descentralizadas, las semiautónomas y las municipalidades presentan su proyecto presupuestario a la Contraloría, una vez que sus juntas directivas y jerarcas lo aprueban internamente. A partir de ahí se realiza una revisión técnica y legal para verificar que los documentos cumplan con los requisitos y normas técnicas financieras. Si los ingresos y gastos están bien estimados, la Contraloría aprueba el presupuesto de manera total o parcial.
Según explicó la contralora Acosta en entrevista con La Nación, para el año pasado se desaprobaron ¢600.000 millones en estas instituciones, debido a aumentos salariales que no se pudieron comprobar con sostenibilidad financiera, o porque se incluían dietas excesivas o incumplimientos legales en varios rubros.
Aunque algunos presupuestos ordinarios no son aprobados en primera instancia, esto no significa que los recursos se recorten por completo a las instituciones. En lugar de eso, tienen la oportunidad de corregir los errores y/u omisiones y presentar un nuevo proyecto extraordinario ante la Contraloría al inicio del año siguiente. Si el presupuesto vuelve a ser desaprobado o las deficiencias no se corrigen, entonces la institución deberá regirse con el mismo presupuesto del año inmediato anterior.
Así es como, desde que se aprobó la Constitución Política de 1949, la Contraloría General de la República opera como el fiscalizador del Estado costarricense para preservar la transparencia en los fondos públicos del país.
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