Ciudad de México. México se encamina a reformar su poder judicial, una propuesta del gobierno de izquierda que desató una huelga, tensó la relación con Estados Unidos y genera desconfianza en los mercados.
La columna vertebral de esta reforma constitucional plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular, y tiene el camino despejado gracias a la aplanadora mayoría gubernamental que asumirá el control del Congreso el próximo domingo.
Aquí los puntos clave de la iniciativa.
Alegando que el poder judicial está al servicio de las élites, el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador plantea que jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, sean elegidos por los ciudadanos.
Los candidatos serán propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Actualmente, los miembros del Supremo son nominados por el presidente y ratificados por el Senado. Jueces y magistrados son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo del sector.
Los requisitos para esos cargos se mantendrían prácticamente igual: 35 años de edad para ministros y magistrados y 10 como profesionales; 30 años para jueces y cinco de titulados. Ninguno debe haber ocupado cargos como secretario de Estado, fiscal, congresista, magistrado electoral o gobernador.
El proyecto, respaldado por la presidenta entrante Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre, además propone disminuir de 11 a 9 el número de ministros del máximo tribunal, y recortar sus mandatos de 15 a 12 años.
También, crear un nuevo órgano para supervisar a los jueces, en un país donde la impunidad alcanza 99%, según la oenegé Impunidad Cero.
El caso más parecido al proyecto mexicano es el de Bolivia, donde los miembros de las altas cortes son elegidos por voto popular. Algunos estados de Estados Unidos eligen así a sus jueces locales, al igual que en Suiza.
Opositores, jueces y trabajadores del sector aseguran que la reforma politizará la justicia.
López Obrador está enfrentado a la Suprema Corte por bloquearle reformas como una al sector energético que ampliaba la participación estatal y otra que involucraba a los militares en la seguridad ciudadana. Ambas decisiones se consumaron pese a que el mandatario nominó a cinco de los actuales ministros.
El presidente también acusa a algunos jueces y magistrados de favorecer a delincuentes de alto perfil, aunque la reforma plantea proteger su identidad en casos de que arriesguen su vida.
La relatoría especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y abogados llamó a “reconsiderar la propuesta” para salvaguardar la “independencia judicial”.
Los empleados, en huelga indefinida, advierten igualmente que la elección elimina los ascensos por méritos.
Los candidatos “van a ser incluidos en una boleta electoral como la de cualquier votación partidista, y “van a aparecer quienes tengan contactos y financiamiento”, dice a AFP Roberto Zayas, funcionario judicial de 38 años.
Especialistas critican que la reforma no toca a fiscalías, policías y ministerios públicos, a los que achacan la descomunal impunidad por la corrupción y su baja capacidad investigativa.
“Al no contemplar estos operadores, no se está llevando a cabo realmente la función de buscar una justicia óptima”, señala Leslie Urzúa, de Impunidad Cero.
Estados Unidos sostiene que la reforma es un “riesgo” para la democracia y “amenaza” el acuerdo de libre comercio T-MEC, por el cual 83% de las exportaciones mexicanas se dirigen hacia ese país.
También asegura que abre la puerta a que los cárteles se aprovechen de jueces inexpertos, en un contexto en el que el narcotráfico ya permea en la política.
El T-MEC, que debe ser revisado en 2026, “depende de la confianza de los inversionistas”, advierte Washington. Por otra parte, Canadá manifestó asimismo que sus inversores “quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas”.
López Obrador rechazó esas declaraciones como “injerencistas”.
La reforma “llevaría a una elevada incertidumbre sobre el ambiente legal”, indicó la firma británica Capital Economics en una nota a sus clientes.
Desde la victoria aplastante de Sheinbaum el 2 de junio, el peso mexicano se despreció un 15,7% hasta niveles cercanos a 19,6 unidades por dólar.
“Este desliz refleja las preocupaciones internas sobre la estabilidad económica del país que podrían estarse reflejando en el menor crecimiento del PIB, y también la percepción de riesgo que los inversionistas extranjeros están comenzando a atribuirle a México”, dijo a AFP Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones en la firma Franklin Templeton Invesments.
El Banco Central de México el miércoles recortó su previsión de crecimiento para este año de 2,4% a 1,5%, según dijo por un menor dinamismo de la demanda de Estados Unidos.
