El exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés sostiene que las normas aprobadas por el Congreso y avaladas por el Gobierno de Dina Boluarte únicamente benefician a quienes vienen siendo investigados, mientras que, al mismo tiempo, pone en riesgo la integridad del resto de la ciudadanía. También afirma que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tiene el respaldo del Ejecutivo y del Legislativo por ser funcional a los intereses de los que están a cargo de estos poderes del Estado. La razón de su permanencia, afirma, es que permite el avance de iniciativas, como que la Policía se haga cargo de las investigaciones preliminares.
En la última edición de ‘Tejiendo Ciudadanía’ en Trujillo habló de la criminalidad organizada desde un punto de vista geopolítico. Puso de ejemplo cómo una modificación a la tasa de interés en Estados Unidos impulsó indirectamente la minería ilegal. ¿Esta ley que modifica el concepto de organización criminal podría disparar la criminalidad en la región?
Sí, porque lo que ha hecho esta ley es ponerle candados a la lucha contra la criminalidad. Han sacado tráfico de migrantes, tala ilegal, tráfico de monedas de la definición de crimen organizado. Todo esto lo que va a hacer es elevar los niveles de impunidad, lo que va a hacer que Perú se vuelva un lugar atractivo.
¿Atractivo para la criminalidad?
Si tengo alto nivel de impunidad, poco control territorial, poco presupuesto del Estado para enfrentar la criminalidad, entonces Perú se vuelve un lugar atractivo para la criminalidad organizada. El ‘Tren de Aragua’ aprovechó la coyuntura de la migración para enquistarse. Otro ejemplo es la crisis de Bolivia, que llevó a que el propio presidente autorice al Banco Central comprar oro a privados, en otras palabras, el oro peruano que provenía de Madre de Dios y Puno. Si tenemos un país con altas tasas de impunidad y corrupción, eso implica que el riesgo para un delincuente es muy bajo. Si tengo costos y riesgos bajos, la sostenibilidad del delito va a ser inmensa. Está garantizada. La situación es muy complicada. Mientras estamos discutiendo si lo que dijo este señor en el chifa fue de ministro, le ponen cabe a los fiscales. Y nosotros atados de pies y manos porque dependemos del Congreso y del Ejecutivo.
¿Las decisiones que toman Congreso y Gobierno van a convertir a Perú en un foco de la delincuencia internacional?
Sí, un sitio donde va a ampliarse la impunidad de los delincuentes. Y si a su vez tenemos autoridades políticas corruptas, baja el riesgo a ser penalizado, a que te capturen o que te procesen. Y si, además, el Estado no pone patrulleros, no invierte en las direcciones de Investigación Criminal, desactiva la unidad más eficiente que había en la Policía, la respuesta es clarísima. Estamos mal, cada vez más vulnerables y más expuestos ante la criminalidad por culpa de este esta relación nefasta que han construido el Ejecutivo con el Legislativo.
¿Cómo se explica que la percepción de inseguridad aumentara, cuando los índices de victimización, como en el norte, no han variado considerablemente?
Lo que marca este crecimiento de la percepción de inseguridad y, de alguna forma, lo que no permite que la victimización baje es porque nos encontramos en el medio de una crisis institucional y una gran inestabilidad política. A lo largo del 2024 ya tenemos tres ministros del Interior. Con la presidenta Boluarte, han sido seis los ministros del Interior. Tenemos una crisis institucional muy fuerte porque hay un enfrentamiento profundo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Eso para nada beneficia la lucha contra la criminalidad. Parte de ese enfrentamiento es, por ejemplo, que se le ha retirado al Eficcop el apoyo policial de personal altamente capacitado y especializado. Ese proceso de crisis institucional incluye al Poder Judicial y ahora a la Junta Nacional de Justicia. Además, tenemos un Parlamento que está legislando de una manera muy insensata. Está legislando para favorecer a ciertos grupos del Congreso que tienen líderes muy cuestionados. Y el Ejecutivo, que también está muy cuestionado y que también tiene procesos abiertos, no objeta lo que hace el Congreso. Por ejemplo, la ley que modifica el concepto de crimen organizado que elimina prácticamente de un plumazo más de 50 tipos penales.
¿Cree que dolosamente se está legislando a favor de economías ilegales?
Estamos viendo cómo algunos políticos están queriendo aprovecharse de estas modificaciones en los marcos normativos. No sé si lo hacen de manera dolosa o no. Lo que yo sí veo objetivamente es que ese cambio los favorece y perjudica a los ciudadanos.
Usted mencionaba que el Ministerio del Interior se enfrentaba a otras instituciones. Pero dentro del mismo sector hay disputas. Un ejemplo es el caso de la Diviac, así como el hostigamiento contra a agentes incómodos, como Harvey Colchado y Junior Izquierdo, quienes prácticamente están con un pie afuera de la Policía.
El interés de los gobernantes es desactivar la Diviac porque es profundamente profesional, profundamente eficiente y profundamente incómoda para ellos. De esa constante tampoco se escapa el actual ministro. Si bien la desactivación fue con su antecesor, no ha habido objeción alguna a la norma contra crimen organizado y ha permitido que la Diviac sea relegada a una esquinita de una Dirección de Investigación Criminal. Y es una gran torpeza porque la razón de la existencia de la Diviac era su transversalidad, y que permitía justamente entender y comprender la criminalidad organizada de una manera sistémica en donde se daban la mano contrabandistas con mineros, narcotraficantes, tratantes de personas.
El último domingo salió un audio que se le atribuye al ministro Santiváñez, en el que se le escucharía afirmar que la presidenta pidió desactivar la Diviac.
Lo que espero es que se entregue todo lo que el Ministerio Público pueda necesitar para, en el más breve plazo, pueda ratificar o no si es la voz del ministro y que realmente se pueda saber a ciencia cierta que el mecanismo que hayan usado no ha sido manipulado. El tema no es menor. No se puede dejar flotando la acusación hacia un ministro, tampoco hacia integrante de la Diviac. No se puede dejar entrever la ineficiencia del Ministerio Público. Si se corrobora que, en efecto, es la voz de ministro y que, en efecto, dijo lo que se dice en ese audio, estaría quedando en muy mal pie la presidenta de la República y el presidente del Consejo de Ministros.
¿Cómo resumiría la gestión del ministro del Interior?
No solamente es este ministro. Todos los ministros (del Interior) de la era Boluarte, sobre todo los últimos tres, son los que no han logrado darle una sostenibilidad a una política de lucha contra la criminalidad. No han logrado que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se reúna con mucha frecuencia. No han logrado que se establezcan metas de reducción de la criminalidad y que establezcan responsables directos del cumplimiento de esas metas. No han logrado que se generen nuevos recursos para la propia Policía. Es decir, me parece que la gestión de estos últimos tres ministros es realmente deplorable y muy mala. La expresión de eso está, obviamente, no solo en la percepción de los ciudadanos, sino también en los resultados de los índices de victimización.
¿Entonces considera que estos operativos Amanecer y Regreso Seguro son efectistas?
Siempre se han hecho operativos, es una es una forma de trabajar de la Policía. Inclusive, han tenido que regularse los operativos para evitar que se produzcan actos de corrupción, pero se producen siempre. Es decir, esto no es una novedad no es, digamos, una estrategia que ha salido de un cerebro preclaro. Le han puesto un nombre y lo que han hecho es llevar prensa para decir: “Este es el trabajo que estamos haciendo”. Sí creo que ha tenido básicamente una intencionalidad publicitaria más que una orientación de sostenibilidad en el tiempo. Lo que han buscado era hacerle sentir a la ciudadanía que este Gobierno se está haciendo cargo de la seguridad. Nada más.
¿Por qué cree que Santiváñez sigue en el cargo? La presidenta hace unos días lo abrazó efusivamente, mientras que el Congreso no ha hecho nada desde que se difundieron los primeros audios.
Porque le es absolutamente funcional a nuestras autoridades. Este congelamiento de la Diviac, la falta de apoyo al Ministerio Público para investigar actos de corrupción, este letargo que le han impuesto a la lucha contra la criminalidad, todo esto tiene obviamente una razón de ser. A medida que se entorpezcan las investigaciones contra la presidenta, el hermano de la presidenta, los congresistas, hay una funcionalidad por parte de la autoridad que permite que esto pase, que las cosas se distancien y que no se aceleren las investigaciones que podrían dar una complicación penal para las autoridades.
Parte de esto serían los ataques al Ministerio Público, que coincide con las investigaciones fiscales que se han abierto a Santiváñez
Y a esa pugna se ha sumado el primer ministro, cosa que en realidad es incomprensible y muy poco prudente porque precisamente lo que debiera darse es tender puentes y no romperlos. Están rompiendo los puentes con sus declaraciones. Eso es muy perjudicial para la seguridad de la ciudadanía. Hay que ver quién fue el que tiró la primera piedra. En este caso específico no ha sido Villena, ha sido el ministro del Interior. Él fue primero en criticar ferozmente al Ministerio Público. Y no solamente a este, sino también se enfrentó al Poder Judicial. Hasta el presidente de la Corte Suprema salió a responderle. Ataca a todo el mundo para distraer, es una especie de figura que lucha hasta contra los molinos de viento para así generar un impacto hasta el punto de que la presidenta lo abraza tiernamente y le da su apoyo.
¿Considera nociva la presencia de Santiváñez en el Gobierno?
Es bastante cuestionable la presencia de Santiváñez. Creo que inclusive le puede ser hasta perjudicial al propio Gobierno. Pero yo ya no tengo mucha fe ni confianza porque la entidad que debe estar haciendo el control político en estos momentos tampoco lo está haciendo. Es como: “Yo no te hago control político y tú no me cuestionas las normas que yo produzco”. Juegan en conjunto también porque hay un proyecto que ya pasó la primera votación para quitarle al Ministerio Público la capacidad de investigar preliminarmente para que esta regrese a la Policía. Esto es parte de la misma narrativa en donde el Ministerio Público es ineficiente y responsable de que criminales se vayan a la calle cuando en realidad lo que estamos viendo es que hay un Legislativo que legisla favor de los criminales. Solamente beneficia a quienes están siendo investigados. Solamente a ellos.
En Tejiendo Ciudadanía. Dijo que las cifras de inseguridad, en efecto, son preocupantes, pero que “hemos estado peor”. ¿La percepción de la ciudadanía sobre inseguridad ha variado o se ha reducido la capacidad del Estado para poder enfrentar la delincuencia?
Respecto a los indices de victimización, lo que estamos viendo es un promedio nacional que se encuentra una suerte de meseta ya hace varios meses. Es una meseta que fluctúa entre 29,8 a 30,9. Ese promedio nacional, sin embargo, esconde como todo promedio diferencias a nivel regional. Cuando uno mira el desagregado de la victimización –que mide el INEI a nivel de lo que son robos, hurtos, violencia en las calles– notamos que existe diferencias entre la zona norte del país con la zona sur. La zona sur tiene niveles de victimización muy elevados, hasta 38%, en cambio la zona norte, salvo Piura, tiene niveles más bajos que el promedio nacional inclusive.
¿Cómo se explicaría que el norte sea percibido como una zona con mayores indices de inseguridad?
Una cosa es la victimización y otra cosa es la percepción. La victimización establece si he sido víctima y cuántas veces he sido víctima de un delito en el último año. Lo otro es la percepción de mi propia inseguridad en el año que viene. La explicación que encuentro en regiones como La Libertad, Lambayeque y Piura, es que están asociadas a otras estructuras de criminalidad que no mide el INEI o que mide no de manera suficiente. Me refiero al impacto que tienen las economías criminales asociadas a la minería ilegal, que a su vez han disparado otros factores que tampoco se miden en las encuestas de victimización como son las muertes. La Libertad tiene una de las tasas de muerte más elevadas a nivel regional en el Perú, más de 120 en lo que va del año. Obviamente, luego se desarrollan otras parasitarias como el secuestro y asesinato. Esta brutalidad que que se ve en el desarrollo de la actividad criminal en La Libertad lo que hacía era impulsar la percepción de inseguridad por encima del 90%.
Eso a su vez también tiene que ver con la forma en que están dispuestas las fuerzas de la Policía Nacional para el control. Tenemos serias deficiencias en comunicaciones y vehículos. Básicamente 8 de 10 comisarías no tienen radios y apenas tenemos 1.6 vehículos por comisaría. Y apenas son 12.000 efectivos para toda la macrorregión norte. Las deficiencias de la Policía impactan en el control del territorio. Y todo territorio que se queda sin control por parte de las fuerzas del Estado es asumido por la criminalidad de una manera muy rápida y muy eficiente.
