El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a través de su presidenta Caryslia Rodríguez, ratificó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, a pesar de las fundamentadas acusaciones de fraude por parte de la oposición. En su declaración, Rodríguez indicó que el tribunal, tras un proceso de peritaje formal y la revisión de los instrumentos electorales, certificó “de manera irrestricta e inequívoca” los resultados que proclamaron a Maduro como ganador de la contienda.
El fallo del tribunal sostiene que “los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas” de votación, lo que según ellos valida la legitimidad del proceso electoral. Esta certificación fue presentada como la conclusión de un recurso contencioso electoral que había sido solicitado por el propio Maduro, quien pidió que se realizara un peritaje de los resultados y se revisaran las denuncias de irregularidades, incluyendo un supuesto “ataque cibernético” a los sistemas del Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de la votación.
Rodríguez, al leer la sentencia, insistió en que el tribunal “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral”, confirmando así la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el período 2025-2031.
A pesar de esta declaración, la decisión ha sido fuertemente cuestionada por observadores locales e internacionales que dudan de la independencia del organismo judicial, señalando que está bajo el control del régimen chavista.
Edmundo González Urrutia expresó una fuerte crítica hacia la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de validar los resultados de las elecciones presidenciales, que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro. Según González Urrutia, la resolución no solo es ineficaz, sino que también “agravará la crisis” que enfrenta el país, ya que considera que el tribunal actúa de manera parcial y no tiene la capacidad de resolver el conflicto electoral de manera justa.
En sus declaraciones, González Urrutia señaló: “Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis”.
Además, reafirmó que los venezolanos no están dispuestos “a renunciar” a su “libertad” ni al “derecho a cambiar en paz para vivir mejor”. González Urrutia y otros líderes opositores sostienen que los resultados de las elecciones fueron manipulados, alegando que el 83,5% de las actas que han recolectado demuestran su victoria, aunque el gobierno ha calificado estos documentos como “falsos”.
