El Gobierno ha situado la vivienda como uno de los ejes centrales de su agenda legislativa, dado que es un problema estructural en España. Sin embargo, pese a que Pedro Sánchez trate de darle la máxima prioridad, creando un ministerio específico o alumbrando la primera legislación sobre el asunto, lo cierto es que la dispersión competencial, que está residenciada en las comunidades autónomas reduce su margen de actuación.
Por ello, desde Moncloa se ha optado por condicionar sus recursos y avanza que reducirá la financiación que reciben las regiones si éstas no aplican la Ley de Vivienda vigente desde la pasada legislatura. Así lo ha avanzado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, en una entrevista en TVE. "Quien no aplique la Ley de Vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central", ha advertido, recordando que entre el 70 y el 75 % de las políticas de vivienda de las CCAA se financian con fondos del Estado.
Rodríguez asegura que ella quiere "seguir apoyándolas económicamente", pero también que "pongan más presupuesto para esta finalidad", ha dicho, añadiendo: "Yo condicionaré la financiación a que efectivamente" las CC AA "estén cumpliendo la ley". En este sentido, señala que no puede "tratar por igual" a "aquél que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a su conciudadanos" que a "aquél que por atacar al Gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley".
En la orientación del Gobierno hay un objetivo claro: la Comunidad de Madrid y la "insumisión" de Isabel Díaz Ayuso. "La propia ley me faculta de manera extraordinaria a trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos", ha advertido la ministra, de forma que recibirán "menos fondos" las CC AA que no aplican la ley, como es el caso de Madrid, según el ejemplo concreto que ha puesto.
De hecho, Rodríguez se ha dirigido directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha dicho durante la entrevista que "hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley" y que viven una situación que es "insostenible socialmente". "Hay una herramienta que es la Ley de Vivienda que nos permite dar respuesta a esa situación y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos (...) para dar respuesta a esa situación", ha argumentado.
Según los datos que ha expuesto, la Comunidad de Madrid ha recibido del Gobierno 2.000 millones de euros desde 2018 para políticas de vivienda. "Quiero que (esos fondos) se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten con cumplimiento a la ley", ha advertido. Al respecto, ha adelantado que el Gobierno trabaja en un plan estatal de vivienda que será muy diferente a los aprobados hasta ahora, porque la situación "no es la misma que se venía gestionando años atrás".
Esos planes han sido siempre un "apoyo" del Gobierno a las CCAA que ejercían esa competencia sin el amparo de una ley de vivienda, pero ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que "el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda".
Por ello, "ahí donde se está produciendo una tensión (de precios de la vivienda) que está definida en la ley y que por un empeño partidario no se está cumpliendo, tendrá también sus consecuencias"
