El Congreso abre esta semana el nuevo curso parlamentario bajo la presión de Junts, que ya avisa de que negociará con el Gobierno "pieza a pieza" y, si hace falta, votará con el PP en un hemiciclo por el que deberán pasar normas de calado, en especial los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno de coalición se enfrenta a un nuevo periodo de sesiones, que celebrará su primer pleno en la segunda semana de septiembre, con las mismas dificultades que inició la legislatura para sacar adelante sus iniciativas, de nuevo con todas las miradas puestas en la formación de Carles Puigdemont.
En las filas de JxCat consideran que el pacto entre ERC y PSC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat "refuerza" la estrategia del partido en Madrid y les deja las manos libres para continuar negociando "pieza a pieza" con el Gobierno central, según subrayan a Efe fuentes de la formación.
Desde el partido recuerdan que no forman parte de ningún bloque, que no han firmado ningún acuerdo de legislatura con el PSOE y que no les importa votar en el mismo sentido que el PP, como ha ocurrió la pasada semana en la Diputación Permanente en relación con la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
JxCat celebrará los días 25, 26 y 27 de octubre un congreso extraordinario "de autoafirmación", en el que se prevé que el liderazgo de Carles Puigdemont quede reforzado a nivel orgánico.
Aunque las mencionadas fuentes aseguran que este cónclave no supondrá un cambio en su estrategia en Madrid, la correlación de fuerzas que resulte del mismo puede hacer que los sectores menos pactistas acaben cogiendo más fuerza en el debate interno de la formación.
Pero no sólo Junts amenaza con poner difíciles las votaciones en el Congreso, Podemos también ha dejado claro que dará la batalla al considerar que los socialistas no tienen intención de aprobar las transformaciones que necesita España.
Los populares, el grupo con mayor representación en la Cámara, centrarán su trabajo en evidenciar que tienen capacidad legislativa dese la oposición. Habrá iniciativas planteadas por el PP, sobre todo en el ámbito social y económico que, dicen desde Génova, saldrán adelante con el apoyo de Vox y Junts, una vez que éstos han "roto amarras con el sanchismo".
El Senado servirá además al PP para impulsar algunas de sus iniciativas, que agrupan en lo que denominan "leyes Feijóo", aprobadas en la Cámara Alta, donde tienen mayoría, y "bloqueadas" -denuncian- en la Mesa del Congreso por su presidenta, Francina Armengol.
El momento actual permite al partido de Alberto Núñez Feijóo, señalan las mismas fuentes, marcar prioridades y mostrar una acción desde la oposición -con sus 137 diputados y su poder territorial- parecida a la que harían desde el Gobierno. En definitiva, en el Congreso se evidenciará, dicen, la "debilidad" del Ejecutivo frente a la "fortaleza" de los populares.
En Moncloa se asumen las dificultades que pueden sucederse en el nuevo curso político pero recalcan que ya se han superado otros momentos que parecían muy difíciles tanto en la pasada legislatura como en la presente.
Existe la determinación de seguir adelante con la hoja de ruta prevista, que incluye la presentación del proyecto de ley de presupuestos para 2025 después de que no fuera posible aprobar los de este año.
Para ello Junts es clave, y fuentes del Ejecutivo reconocen que es imprevisible la actitud que pueda tener el partido de Puigdemont ateniéndose a los antecedentes que ha habido ya en la legislatura y después de la llegada de Illa a la presidencia de la Generalitat. Sí confían en el respaldo de ERC pese a las advertencias de los republicanos de que pueden retirar su apoyo a Pedro Sánchez si no se cumple lo pactado en Cataluña, porque tienen el convencimiento de que todo lo firmado se va a llevar a cabo.
Aunque la prioridad del Gobierno no es mantener la maquinaria legislativa a todo gas, como sí hizo en la anterior legislatura, hay leyes de calado que tramitar en el periodo que ahora comienza.
La joya de la corona serían los Presupuestos Generales del Estado, que ya han anunciado que presentarán "en tiempo y forma", para lo cual tienen aún el mes de septiembre, pese a la incertidumbre sobre qué hará el independentismo catalán. Aún le quedaría además un primer obstáculo y paso previo, la aprobación del techo de gasto, tumbado el pasado julio con el voto en contra de Junts.
La aritmética entre PSOE y sus socios parlamentarios funcionó al inicio de la legislatura, durante la tramitación, por ejemplo, de la ley de amnistía y con la convalidación de dos decretos vinculados a medidas anticrisis como consecuencia de la guerra en Ucrania, pero se ha tambaleado en los últimos meses.
Se vio con la imposibilidad de aprobar el techo de gasto pero también al no sacar adelante, en el último pleno de julio, la proposición de ley para reformar la ley de extranjería.
Un asunto sobre el que sigue sin haber acuerdo entre el Gobierno y la oposición, con posiciones que parecen cada vez más distanciadas entre la escalada de reproches y acusaciones mutuas ante la crisis migratoria.
Si hubiera acuerdo la proposición de ley podría volver a presentarse y debatirse, aunque Sánchez tendría otras vías si esta no fructifica, como la aprobación por decreto.
Ante este complejo puzle, el otro partido de la coalición de Gobierno, Sumar, también reconoce a Junts como un factor clave en el nuevo periodo de sesiones por su capacidad de presión y bloqueo. No obstante, avisan fuentes de la formación, Sánchez no va a anticipar elecciones y si hace falta prorrogará los presupuestos por lo que tendrán que decidir si negociar o quedar también fuera en Madrid después de lo ocurrido en Cataluña.
El factor Puigdemont y su proceso congresual, subrayan desde Sumar, también son relevantes para entender cómo van a actuar.
Lo que espera en el Congreso son, pues, votaciones de infarto en las que si un voto es decisivo entraría en juego otra incógnita: qué hará el exministro socialista y actual diputado del grupo Mixto José Luis Ábalos.
Tras la auditoría del Ministerio de Transportes sobre el caso Koldo, que apunta directamente al exministro, Ábalos ha advertido al Gobierno de que ya no podrá "dar por seguro" su voto y ha citado, en concreto, las reformas legales que llevará aparejada la financiación singular de Cataluña pactada por el PSOE con ERC, otro de los temas calientes para el curso que ahora empieza
