Mucho ruido y ningún acuerdo. La reunión entre el presidente, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, ayer en La Palma concluyó sin ninguna solución de calado para afrontar un drama migratorio que está poniendo contra las cuerdas a las comunidades autónomas y a su población. La llegada descontrolada de personas de manera irregular no cesa y el Gobierno central, de quién depende el control de las fronteras, continúa poniendo parches. Ni siquiera el jefe del Ejecutivo compareció ayer ante los medios para dar cuenta de la esperada y reclamada reunión con el presidente canario. Prefirió delegar y descargar toda esa responsabilidad sobre el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Eso sí, Sánchez dedicó tiempo a trasladar un mensaje enlatado en las redes sociales para apelar al Partido Popular para que haga una oposición «responsable» y se sume a los acuerdos y las soluciones.
En una ya habitual falta de responsabilidad de sus funciones, desde el Gobierno se liberó toda la obligación sobre el Partido Popular. El Ejecutivo ofreció la misma solución para los menores migrantes que ya estaba sobre la mesa: modificar la Ley de Extranjería. En este sentido, el titular de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, descartó la aprobación de un real decreto, esgrimiendo que no cuenta con todos los apoyos parlamentarios para la modificación legislativa, tras la negativa de su socio de coalición, Junts. «La única solución posible es una modificación legislativa en la que es fundamental el apoyo de las Comunidades Autónomas, en su mayoría gobernadas por PP», dijo al finalizar la reunión. «No hemos sido nosotros los del no, fuimos 9 grupos parlamentarios quienes votamos sí», aseveró. Recordó además que el grupo con el que «más se habló y se intercambió documentación fue precisamente con el PP» que finalmente «votó no». Una negativa motivada por la falta de recursos y concreción de la propuesta.
Eso sí, el Gobierno sacó la chequera y anunció que habilitará antes de que finalice el año partidas presupuestarias por un importe de 50 millones de euros para compensar a Canarias por los gastos de atención a los menores no acompañados. Serán –insistió– un «alivio importante» para las islas y se cuenta con el «compromiso» del Ministerio de Hacienda para desbloquear esos fondos. Sin embargo, desde el Ejecutivo regional no dan por suficiente esta cifra ya que ahora hay más niños acogidos que en años anteriores. Lo que el Ejecutivo valoró como un anuncio, ya se destinó en 2022 y 2023 para contribuir a la acogida de los niños. El canario insistió en que hace falta un «acuerdo de país» para coordinar la defensa de los derechos de los menores pues no se trata solo de recursos económicos pues solo en agosto, por ejemplo, Canarias ya ha recibido otros 60 menores más, y la mejoría del mar en otoño puede volver a desbordar la red de acogida. Por ello, ha comentado que la modificación legislativa «es urgente», de tal manera que debe incluirse en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, que se defina bien la financiación y que se habilite la norma jurídica para que las comunidades puedan crear recursos y solventen la ley de contratos públicos. De lo que sigue sin haber concreción es sobre la convocatoria inmediata de una Conferencia de Presidentes. Si bien es cierto que Sánchez, en una huida hacia adelante, anunció hace unas semanas que se haría en septiembre, la realidad es que todavía no hay fecha. Se sabe, eso sí, que será en Cantabria para abordar el tema de la vivienda. No obstante, durante su comparecencia, ayer, Torres abrió la puerta a que se hable sobre migración. «Es un foro de comunidad, de consenso, de cogobernanza. Esperemos que caminemos de forma constructiva», señaló el ministro. Por su parte, el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, volvió a reiterar que las diferencias entre las distintas formaciones políticas son «pocas» y confió en que se alcance un acuerdo sobre la financiación adecuada a las comunidades autónomas de acogida –una de las condiciones de los populares– porque, dijo, «son recursos públicos».
La crisis migratoria no solo golpea al archipiélago canario. El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), convocó ayer una comparecencia urgente para valorar la «grave crisis migratoria» que padece la ciudad y presentar la hoja de ruta planteada para hacerle frente. Entre las medidas expuestas para aliviar la sobreocupación de sus centros de acogida de menores migrantes no acompañados, se encuentran estudiando la posibilidad de derivar a los niños a otras comunidades autonómicas a través de entidades humanitarias del tercer sector. En este sentido, Vivas lanzó su segundo mensaje de «SOS» a la totalidad del territorio nacional por el «colapso» que vive la ciudad, y pidió «voluntad política de entendimiento entre administraciones, tanto en el plano institucional como en el político», para alcanzar soluciones a un «asunto de todos».
Así las cosas, los puentes entre el Ejecutivo central y las comunidades más afectadas por la migración irregular están rotos. Da la casualidad, que en todas ellas gobierna el PP, ya sea en solitario o en coalición. Es el caso de las Islas Canarias, donde lidera con Coalición Canaria y el Partido Popular, o Ceuta, bajo la tutela del PP, al igual que Andalucía y Baleares.
