Los diez vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que fueron nombrados a propuesta del PSOE rechazaron en el pleno extraordinario de este lunes condenar desde el órgano con una declaración conjunta las críticas que dedicaron ministros del Gobierno a jueces.
Es otro episodio más a añadir en la larga lista de choques entre las dos 'almas' del órgano de gobierno de los más de 5.000 jueces de nuestro país que no acostumbran a ponerse de acuerdo.
Apoyándose en que la función principal que tiene encomendada el Consejo es la "defensa y garantía de la independencia judicial" reclamaban los diez vocales restantes que propuso el PP censurar las declaraciones del socialista Óscar Puente en las que acusó al Supremo de "extralimitarse" en sus competencias al negar la amnistía a Puigdemont en base a una interpretación que el titular de Transportes consideró que "no hay por donde cogerla".
También se mostraba la desaprobación a con las que Puente defendió que no prevalecerá la decisión del magistrado Pablo Llarena, por una hipotética futura corrección del Tribunal Constitucional (TC), y su previsión de que "lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley".
Este grupo de miembros del Poder Judicial pretendían advertir que esta clase de declaraciones por parte de miembros del Ejecutivo están "fuera de los límites de la separación de poderes y el respeto entre los mismos", al tiempo que acaban por "cuestionar" la independencia judicial y "desgastar" la Justicia.
En el texto de la propuesta que han llevado a esta última reunión denunciaron desde el sector conservado que estas afirmaciones de Puente resultan "especialmente graves" porque van contra los llamamientos "a la contención y la prudencia en las críticas a las resoluciones judiciales" que han realizado desde el CGPJ en anteriores ocasiones Y, más aún, expusieron, cuando la Comisión Europea lo ha recogido en el Informe sobre el Estado de Derecho en nuestro país referido al año 2024.
La respuesta del ala progresista ha sido un 'no' a su aprobación que han justificado alegando que la circunstancia de que no haya aún presidencia –porque no ha sido consensuado el elegido para el cargo por los 20 vocales–, hace que no sea posible.
El órgano, cuando está en esta situación, solo tiene competencias para resolver asuntos de orden y urgentes, y, por tanto, consideran que esta propuesta de resolución queda fuera.
No ha sido incluido en el punto del día ni es uno de los 122 acuerdos que salieron adelante.
