La reforma de la Ley de Extranjería sigue en el aire, aunque el primer debate y votación en el Congreso se celebra en apenas 48 horas, este mismo martes en el Pleno. Según han explicado fuentes del PP, el ministro Ángel Víctor Torres se ha puesto en contacto este domingo con el portavoz parlamentario del PP Miguel Tellado, pero le ha trasladado que "no ve posible aceptar" las condiciones fijadas por los populares para tramitar la reforma del artículo 35 de la la Ley de Extranjería. Ante este escenario, las mismas fuentes dan por hecho que votarán contra la proposición de ley.
En concreto, el Gobierno, a través de una proposición de ley, quiere tramitar una reforma de la Ley de Extranjería para asumir las competencias en el reparto de los menores migrantes cuando Ceuta, Melilla y Canarias estén desbordadas. Ahora mismo, según ese mismo artículo 35, las autonomías se ponen de acuerdo entre ellas y es voluntario la acogida de menores: el Gobierno cree que ese modelo de "solidaridad voluntaria" no ha funcionado y quiere que la "solidaridad" entre territorios pase a ser "obligatoria".
El Gobierno, a priori, no cuenta con los apoyos suficientes y parecía que quedaba en manos del PP, pero ha ignorado las peticiones de los populares, por lo que los de Alberto Núñez Feijóo parecen obligados a votar en contra de la proposición de ley. "La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo", señalan las fuentes del PP. "El PP fue claro en sus pretensiones para apoyar ese texto", añaden.
De hecho, en el PP existe la sospecha de que el Gobierno "da por supuesto que el martes se aprobará la tramitación" porque "da por hecho que conseguirá los votos de Junts" ya que el ministro ha emplazado a Tellado a mejorar el texto en el trámite de enmiendas (es decir, una vez superada la votación de la toma en consideración del martes). Si se confirma que Junts ha virado y ha cambiado de posición, eso significa que el Gobierno ha cedido a la pretensión de los independentistas de aceptar la exclusión de Cataluña en la acogida de menores migrantes ya que esa era la condición de los de Carles Puigdemont.
Junts, que ha visto cómo el partido extremista de Aliança Catalana está arrebatándole votos y está viendo cómo su electorado se inquieta bastante por la inmigración, ha optado por adoptar un discurso más duro en esta carpeta. De hecho, está negociando con el Gobierno el traspaso de las competencias en materia de inmigración, aunque está por ver cuándo se resuelve esa petición porque los independentistas quieren inmediatez y llevan ya desde enero en conversaciones.
