Amnistía Internacional ha alertado en su último informe de una corriente de ataques al derecho de protesta en diversos países de Europa, hasta el punto de haber encontrado un patrón de conducta basado en "leyes represivas, uso excesivo o innecesario de la fuerza, detención arbitraria y enjuiciamiento, restricciones injustificadas o discriminatorias, y uso creciente de tecnologías de vigilancia invasivas".
"En toda Europa, el derecho de reunión pacífica está sufriendo una fuerte embestida a medida que los Estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente, imponiendo restricciones injustificadas y punitivas y recurriendo a medios cada vez más represivos para acallar la disidencia", afirma Amnistía Internacional en su informa Under-protected and over-restricted: The state of the right to protest in 21 countries in Europe.
La investigación de Amnistía dibuja el panorama "profundamente alarmante" de una ofensiva en toda Europa contra el derecho de protesta. "En todo el continente, las autoridades están vilipendiando, obstaculizando, disuadiendo y castigando ilegalmente a quienes protestan de manera pacífica”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
El informe recoge el "uso generalizado de fuerza excesiva o innecesaria por la policía contra manifestantes pacíficos", en al menos una docena de países. "Se denunciaron casos con resultado de lesiones graves y en ocasiones permanentes, como fracturas de dientes o huesos (Alemania, Francia, Grecia, Italia), pérdida de una mano (Francia), pérdida de un testículo (España) y luxaciones, lesiones oculares y traumatismo craneal grave (España). En algunos países, el uso de la fuerza fue equiparable a tortura u otros malos tratos, y, en Alemania, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Serbia y Suiza, agentes encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra menores", señala el estudio.
Otro de los aspectos que, según Amnistía Internacional, es preocupante es el uso por parte de los Estados de las nuevas tecnologías y herramientas de vigilancia para "vigilar selectiva y masivamente a manifestantes". Esto incluye, según AI, actividades de rastreo y seguimiento así como recopilar, analizar y almacenar datos. "Varios Estados han ampliado la vigilancia a través de la legislación sin introducir garantías adecuadas, por lo que estas prácticas están abiertas a abusos generalizados", añade este organismo.
"Ha habido un marcado aumento del uso de la tecnología de reconocimiento facial en Europa. Los servicios encargados de hacer cumplir la ley de 11 de los países examinados la utilizan actualmente, y 6 más tienen previsto introducirla. El uso de la tecnología de reconocimiento facial para identificar manifestantes constituye vigilancia masiva e indiscriminada, y no hay garantías que puedan prevenir el daño que causa. Amnistía Internacional ha pedido la prohibición total de esta tecnología", concluye Amnistía Internacional.
El informe señala que las autoridades muestran una tendencia alarmante a la estigmatización con el fin de deslegitimar la protesta y a quienes protestan. Autoridades de 21 países comparten un discurso nocivo que califica de “terroristas”, “delincuentes”, “agentes extranjeros”, “anarquistas” y “extremistas” a las personas que se manifiestan. Esta retórica negativa se ha utilizado con frecuencia para justificar la aprobación de leyes aún más restrictivas.
Cada vez más, los actos pacíficos de desobediencia civil se plantean como una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, lo que sirve a las autoridades de falso pretexto para imponer restricciones y soslayar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, afirman los responsables de AI.
El uso de una retórica demonizadora por parte de figuras políticas de alto nivel ha sido particularmente frecuente en respuesta a las protestas en solidaridad con el pueblo palestino. En Reino Unido, las manifestaciones fueron calificadas de “marchas de odio” por el ministro del Interior y de “dominio de la turba” por el primer ministro. En Eslovenia, el entonces primer ministro dijo a quienes se manifestaban en 2021 que se marcharan “al lugar de donde venían” y, en 2023, las autoridades animaron a sus seguidores de Twitter (X) a tomar fotografías de manifestantes porque podían ser “terroristas”.
A juicio de Amnistía Internacional, las autoridades de otros lugares, como Alemania, España, Italia y Turquía, no sólo han tachado de “ecoterroristas” o “delincuentes” a los activistas por el clima sino que además han actuado en su contra utilizando disposiciones legales sobre terrorismo y legislación destinada a combatir la delincuencia organizada y proteger la seguridad nacional.
