El acuerdo que ayer suscribieron PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rubricado en Bruselas en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, establece que el CGPJ actúe por una mayoría de tres quintos y que los nuevos miembros hagan una propuesta de reforma de la ley que rige el Alto Tribunal, en el plazo de seis meses, para cambiar el método de elección de los miembros del Consejo. Debe de ser aprobada por una mayoría de tres quintos, de tal manera que ninguno de los bloques pueda bloquearla.
El Gobierno ve satisfecha su pretensión de contar con una mayoría progresista en el órgano de los jueces, de donde tiene que salir esa propuesta de reforma del método de elección de los futuros vocales del Consejo, en línea con las exigencias de la Comisión Europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho.
Desde el lado del PP insisten en que será una reforma dirigida a que los jueces participen directamente en la elección de los jueces que les representan en el CGPJ, un punto rojo marcado por la izquierda. La fórmula para solventar este escollo ha sido pasar el balón al nuevo Consejo para que busque un consenso, que, de llegar a producirse, tendrá que ser ratificado en el Congreso, donde los socios de izquierda del Gobierno se oponen a que se introduzcan cambios que den más poder a los jueces.
La Comisión tenía el papel de reducir el coste político de los dos partidos por las cesiones obligadas para llegar a un acuerdo después de más de cinco años de retraso en cumplir con esta obligación constitucional.
Y con este movimiento la UE subsana la anormalidad que tanto le preocupaba del bloqueo judicial en el que se había instalado el órgano de gobierno de los jueces, con sus consecuencias en los nombramientos y en la parálisis de la administración.
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Este nuevo Consejo tendrá entre sus primeras tareas renovar una treintena de vacantes en el Tribunal Supremo, al que puede que lleguen casos tan cercanos al presidente del Gobierno como el que afecta a su mujer Begoña Gómez o al fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, en el caso de que se eleve al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la investigación abierto por presunta revelación de secretos en la filtración de datos confidenciales que afectan a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Una vez firmado el acuerdo, las dos partes se movilizaron para hacer ver que ellos han sido los ganadores de este pulso. El principal obstáculo ha sido, precisamente, la exigencia de Alberto Núñez Feijóo de pactar en paralelo una reforma del sistema de elección para que sean los jueces los que elijen al menos a la mitad de los vocales del Consejo en futuras renovaciones, y avanzar así en la despolitización. Una propuesta que nunca ha sido avalada por los socialistas. Para llegar al acuerdo las dos partes han suavizado sus condiciones de máximos.
En ese sentido, el PP se atribuyó el mérito de haber conseguido que no haya políticos en el nuevo CGPJ, que se reserve la elección del presidente del Supremo al CGPJ y no a los partidos, que acaben las puertas giratorias del Consejo de Ministros al CGPJ, que acaben las puertas giratorias del Consejo de Ministros a la Fiscalía y que todo se tramite en una ley.
El acuerdo garantiza una composición equilibrada del CGPJ: del tradicional 11/9 se pasa ahora a un 10/10. Esta asignación, junto con la mayoría reforzada para la toma de decisiones (un mínimo de 13 vocales) garantiza que no habrá control político del Poder Judicial.
El consenso habrá de imperar entre los miembros del Consejo. Además, «por primera vez en la historia» el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo, sino que serán los nuevos vocales del Consejo los que escogerán al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 fotos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos.
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Asimismo, desde el PP subrayan que los criterios de idoneidad fijados para este nuevo CGPJ son los incorporados al Plan de calidad institucional presentado por Feijóo en Cádiz, en enero de 2023.
Y Génova también pone en valor que por primera vez los partidos nacionalistas no tendrán representación en el CGPJ. Tampoco los cercanos a Podemos y Sumar, que sí fueron considerados en 2022, «pero que ya no tendrán asiento en el nuevo Consejo».
«Si estos puntos hubieran sido aceptados por el PSOE hace dos años, el CGPJ se habría renovado en octubre de 2022. Puesto que algunas de nuestras pretensiones fueron entonces inasumibles para Pedro Sánchez, el Gobierno utilizó la reforma del delito de sedición para reventar la negociación».
PP y PSOE acordaron también cubrir la vacante pendiente en el Tribunal Constitucional, que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ .
Un escenario en el que no hay elecciones a medio plazo ha ayudado a que los dos partidos se muevan de sus posiciones y firmen este acuerdo. También la presión de la UE, que ayer se felicitó de que haya sido posible por fin desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España, y que se restituya la normalidad después de que Sánchez hubiera llegado a anunciar que tenía la intención de reforzar de forma unilateral la ley del Poder Judicial para prohibir al CGPJ realizar nombramientos en la cúpula judicial si el PP no suscribía un acuerdo antes de que terminara junio.
