La mayoría de nosotros no podríamos entender que el precio del combustible en Arabia Saudí fuese superior al de España, impuestos aparte. De la misma forma, no es fácil explicar por qué se ha disparado tanto el precio del aceite de oliva en el principal productor mundial, uno de los productos clásicos de la cesta de la compra y cuyo consumo ha caído un 20%, a favor de otros aceites y grasas.
Es cierto que, en el caso del aceite, una mala cosecha la tiene cualquiera, que hay una amplia variedad de calidades, variedades y orígenes, pero también lo es que el precio se ha multiplicado por 4 desde el año 2020. Y como no llevamos cuatro años de mala cosecha, muchos comienzan a sospechar que no es un fenómeno derivado exclusivamente de la climatología, sino de un aumento de márgenes desmesurado entre algunos de los eslabones de la cadena, con la inflación como justificación del aumento de costes y precios, haciendo honor a la frase “A río revuelto, ganancia de pescadores”.
Si hacemos números simples, tomando un ejemplo real de una cooperativa andaluza que paga 7€ por litro de AOVE al productor y lo vende directamente al público por un 19% más, en garrafa de 5 litros, envasado y etiquetado. Un aceite de similar calidad de una marca conocida de un gran grupo empresarial, multinacional, con mayores economías de escala, tiene un precio de unos 13€/litro, con, lo que supone un margen bruto del 85%, algo que parece desproporcionado.
Por razones que no están claras, por su escaso impacto económico, el Gobierno ha anunciado que el IVA del aceite quedará al 0% frente al actual 5%, lo que es una noticia positiva pero económicamente insuficiente y que apenas tendrá repercusión en el bolsillo de los consumidores. Para un litro de aceite a precio de 10€, en el mejor de los casos, sería una rebaja de 0,5€ lo que no parece que sirva para reanimar una demanda que ha caído un 20%, en favor de otros aceites y grasas. Además, esta medida, aunque tiene el potencial de reducir el precio al consumidor y aumentar la demanda, conlleva el riesgo de cambios en la estructura de márgenes de los distribuidores y minoristas que podrían tener incentivos a reajustarlos, moderando el impacto final sobre los precios al consumidor.
Hay mucha especulación con el oro verde, con precios superiores a los que debería haber si el mercado fuese realmente competitivo, pero cada vez está más concentrado y dominado por grandes grupos que acaparan la producción y que, quizás, aplican elevados márgenes para compensar su pérdida de ingresos en otros mercados.
Esta medida, insuficiente y tardía, parece más una cortina de humo para desviar nuestra atención, pues debería venir acompañada de otras que apoyen a los productores y que garanticen que no haya desequilibrios en el mercado, en especial, en el diferencial de precios entre el origen y el punto de venta, que sufrimos los consumidores. Todo apunta a que la Ley de la Cadena Alimentaria no está funcionando y quizás, esta medida busque tapar la inoperancia de la misma y que sea una de las causas en el incremento de los costes de producción y de la caída de la competitividad de nuestras empresas en favor de otros países como Marruecos, Turquía, Grecia o Italia.
Lo más razonable es que cualquier gobierno que defienda a ultranza los derechos sociales de los más vulnerables y que tenga tan claro que un alimento básico como el aceite no debería pagar IVA, aproveche la medida para aplicarlo, de forma permanente, a todos los productos básicos de una familia, entre los que se encuentran la carne y el pescado. Eso sí que sería un buen escudo social, aunque me temo que las arcas públicas no están para esas alegrías.
