Los sospechosos o guerrilleros eran sentados en un banco de hierro en una base aérea del Pacífico sur mexicano con la creencia de que los iban a fotografiar. Pero en su lugar recibían un disparo en la nuca, les cubrían la cabeza con una bolsa que ataban al cuello para que no escurriera la sangre y luego eran metidos en costales y subidos a una avioneta para ser lanzados al mar.
Un extenso informe divulgado este viernes por la Comisión de la Verdad, creada por el gobierno mexicano en 2021 para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990, describe también cómo algunos pescadores encontraron bultos que resultaron ser cadáveres y entonces los militares comenzaron a llenar los sacos con piedras para que no flotaran.
Los llamados “vuelos de la muerte”, similares a los de las dictaduras militares del Cono Sur, son sólo una de las diversas estrategias criminales descritas en el informe titulado Fue el Estado que relata la brutal represión de casi tres décadas en las que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hegemónico durante casi todo el siglo XX, mostraron su cara más dura ante cualquier disidencia, guerrilla o en su lucha contra el narcotráfico.
A lo largo de más de 4 mil páginas se narran detenciones arbitrarias, ejecuciones, torturas, violencia sexual, desapariciones, desplazamientos forzados o masacres donde las víctimas no sólo fueron opositores o milicianos sino estudiantes, campesinos, sindicalistas, indígenas o trabajadoras sexuales o refugiados guatemaltecos, entre otros.
México comenzó a investigar la represión gubernamental cuando llegó la alternancia política con el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), quien creó una fiscalía especial para el tema. El flujo de testimonios comenzó entonces aunque su contenido ha ido conociéndose poco a poco.
Uno de los puntos que más interés ha despertado desde hace años son los llamados “vuelos de la muerte”.
Según la declaración de Gustavo Tarín, integrante del Grupo Operativo de la Policía Militar, en la base aérea cercana al turístico puerto de Acapulco fueron ejecutadas o desaparecidas unas mil 500 personas. No dio listas ni nombres aunque sí acusó a sus superiores de las ejecuciones de un tiro en la nuca siempre con la misma pistola, a la que apodaban “la espada justiciera”.
Las víctimas eran sospechosas de participar en la guerrilla del campesino Lucio Cabañas, en el estado de Guerrero, aunque según declaró el mecánico militar Margarito Monroy, que participó en 15 vuelos, había personas de distintos lugares y posición económica.
Monroy fue uno de los que ofreció más detalles en un testimonio hace más de 20 años. “Cuando eran mujeres les ofrecían que, si tenían sexo, al llegar a Guerrero las dejarían en libertad y en su caso a los esposos. En algunas ocasiones aceptaron, pero nunca, que él viera, las liberaron”, señala el informe.
El mecánico también relató que a veces algunos de los subidos en sacos al avión estaban todavía vivos, agonizando. Las pequeñas avionetas bajaban casi a nivel del mar para desde ahí tirar los costales.
El trabajo de revisión de documentos en 97 archivos, incluidos algunos de Estados Unidos, y la recolección de un millar de testimonios estuvo dirigido por dos académicos —David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart— y un histórico defensor de los derechos humanos de Guerrero —Abel Barrera—.
El informe enlista por nombre a 4 mil 482 víctimas de distintos delitos. Documenta 517 desapariciones forzadas y mil 448 asesinatos. Pero esto puede ser sólo la punta del iceberg, porque los investigadores denunciaron que el Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia y otras instituciones negaron o destruyeron documentos en un intento “por ocultar la verdad, contribuyendo así a perpetuar la impunidad”.
El informe no sólo afirma que “el Estado alentó y consintió” todas las prácticas descritas sino que asegura que “prevalecieron en una suerte de inercia institucional” hasta la actualidad y que las Fuerzas Armadas, que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han visto multiplicar su poder, “continuaron teniendo una centralidad, reservando para sí un amplio margen de acción que les ha permitido continuar cometiendo violaciones graves a derechos humanos”.
A diferencia de lo ocurrido en Argentina, donde en un extenso juicio de 2012 a 2017 hubo evidencias para sentenciar a cadena perpetua a 29 exoficiales y demostrar que la dictadura utilizó los vuelos de la muerte como una forma sistemática de exterminio, en México se desconoce todavía el alcance de esta práctica.
La Comisión de la Verdad localizó bitácoras de 30 vuelos realizados por un solo avión entre agosto de 1975 y enero de 1979. Además, entre sus anexos incluye una carta fechada hace dos décadas, firmada por un supuesto desertor y dirigida a un colectivo de familiares de desaparecidos, en la que se habla de otros 25 vuelos sólo en 1974 y efectuados por un avión del mismo modelo pero de diferente matrícula.
Esa carta incluye por primera vez una lista con los nombres de 183 posibles víctimas de esos vuelos que denomina “viajes”. Varios de esos nombres coinciden con personas identificadas como víctimas por la Comisión, como el de Rosendo Radilla, un compositor de corridos.
Radilla aparece en el tercer “viaje” de la lista junto a una fecha, 25 de agosto de 1974 —el día de su desaparición—- y su apodo “El cantor”. “El primer momento de mirarla, el impacto es fuerte”, dijo su hija Tita Radilla, cautelosa ante cualquier pista.
Ella cree “que más que vuelos de la muerte fueron traslados de las personas” y por eso el texto habla de “viajes”. “Pero estamos exigiendo al ministerio público que investigue la veracidad de ese documento”. “Yo necesito pruebas”.
Más allá de las responsabilidades políticas de los gobiernos de esos años, el informe menciona a casi 600 presuntos perpetradores —militares, policías, funcionarios, muchos ya fallecidos— que los fiscales deberían investigar para determinar posibles responsabilidades. Muchos, agrega el documento, pasaron a las filas del crimen organizado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad oficial, afirmó en una investigación previa que los “vuelos de la muerte” se hicieron en coordinación no sólo con el gobierno de Guerrero y las bases militares locales sino con la Secretaría de la Defensa Nacional.
El único proceso judicial de envergadura que se logró con la fiscalía creada por el presidente Fox fue por genocidio y contra el ya fallecido expresidente Luis Echeverría (1970-1976) considerado responsable de dos masacres estudiantiles, entre ellas la de 1968 en la plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México. La justicia determinó que no contaba con elementos suficientes para condenarlo y nunca pisó la cárcel.
Otro alto mando muy involucrado en los crímenes de la denominada “guerra sucia” y mencionado también en los “vuelos de la muerte” fue el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue procesado pero por sus vínculos con el narcotráfico. Luego fue asesinado.
“La cerrazón institucional y la falta de voluntad política por reconocer y reparar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el pasado, constituye un grave factor de persistencia e impide garantizar la no repetición”, concluye el informe.
“¿Qué ocultan?”, se preguntaba Tita Radilla al final de la presentación del informe. “Que muestren los archivos y acaben con la tortura de las familias, que muestren qué hicieron con ellos, pero con pruebas”.
