La acogida de los menores migrantes en Lanzarote ha llegado a la Fiscalía. Dos abogadas han presentado una denuncia por desprotección infantil en la Casa del Mar, gestionada por la Fundación SAMU. El documento, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, detalla el mal estado y la suciedad de las instalaciones, advierte de la distribución de ansiolíticos entre los menores y recoge los episodios de violencia física y verbal que han sufrido los usuarios del centro por parte de algunos educadores.
La denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por las abogadas Irma Ferrer y Loueila Sid Ahmed Ndiaye. La Casa del Mar está en Arrecife y servía de alojamiento a los marineros en formación o que pasaban varios días en la isla. En octubre de 2023, después de meses cerrado, se habilitó como centro de emergencia para acoger a los menores llegados en pateras a las islas. Aunque tiene capacidad para 25 usuarios, han llegado a hacinarse en el edificio hasta 64 menores en 20 habitaciones que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.
El recurso tampoco tiene cocina, solo una pequeña ''cafetería'' a la que los menores no pueden acceder y donde se ha reportado la presencia de cucarachas y hormigas. La comida la prepara un catering ''cuya calidad es pésima'', según han relatado los usuarios y trabajadores. En las paredes del centro hay pintadas en las que se puede leer ''comida mala'' o ''SAMU por favor dame papeles''.
Las fotografías incorporadas a la denuncia y a las que ha accedido esta redacción reflejan el mal estado del establecimiento, con los baños sucios, las ventanas rotas y los cables pelados y sueltos por encima de las literas en las que duermen los menores. ''Varias veces usuarios o trabajadores se electrocutaron'', asegura la denuncia. Según el escrito que ha llegado a la Fiscalía, la lavadora del centro no funciona desde hace ''mucho tiempo''. ''No tienen sábanas, la ropa no se limpia. Las educadoras mencionan que alguna vez han visto la situación tan extrema que se han llevado a sus propias casas sábanas y ropa de los menores para lavar'', apuntan.
La denuncia también revela las condiciones de inseguridad en la que viven los jóvenes. Todos los extintores están debajo de una mesa en una sala cerrada con llave y solo una persona tiene acceso a ella. El 14 de febrero tuvo lugar un incendio en uno de los pasillos. Los usuarios y los trabajadores tuvieron que quedarse fuera del centro durante horas y, cuando los bomberos se fueron, varios menores tuvieron que dormir en la zona incendiada afectada aún por humos tóxicos.
La Fiscalía de menores, según relata el documento, realizó una visita anunciada al centro el día 6 de mayo de 2024. Según algunos testigos, el director ''escondió papeles'' antes de la visita y pidió a algunas trabajadoras ''que pusieran archivadores en su coche para ocultarlos de la inspección''.
La atención de la salud mental de los menores es otra de las grandes carencias del recurso. Según los testimonios recogidos por la Red ciudadana de solidaridad con las personas migrantes, entre los menores están apareciendo adicciones que no están siendo tomadas en cuenta ni tratadas. Hay consumo de ansiolíticos como Rivotril o Diazepam, que algunos jóvenes mezclan con bebidas energéticas y alcohólicas como mecanismo de evasión. El 11 de junio, una trabajadora encontró una caja de Tramadol vacía, pero no se tomó ninguna medida al respecto.
Uno de los usuarios de este dispositivo de emergencia, Ibrahima Camara, murió atropellado en febrero. Sus compañeros no recibieron ninguna asistencia psicológica después de la pérdida, ni acompañamiento en su proceso de duelo. Los menores se enteraron por la prensa, estuvieron muy afectados por el suceso, pero ''se ignoraron sus síntomas depresivos''. Por el contrario, las llamadas de atención o las actitudes rebeldes no fueron entendidas como señales de malestar, sino castigadas.
La salud física de los jóvenes tampoco está garantizada en la Casa del Mar. Uno de los niños llegó a la isla con un cuadro de desnutrición. Una trabajadora lo acompañó al hospital, donde recibió una transfusión sanguínea urgente. Se le recetó hierro y una dieta específica, pero esta nunca se brindó.
La denuncia recoge que entre el equipo está ''generalizado'' el trato despectivo a los adolescentes. ''Estás loco, vamos a tener que pedirte cita con el psicólogo, que falta te hace'' o ''ojalá lleguen más subsaharianos, que son más tranquilos'', son algunos de los comentarios que los menores han recibido. En el interior del recurso también se ha producido un episodio violento por parte de un trabajador social a un usuario. ''Usó la fuerza física, agarrando del cuello y empujando contra la pared al menor'', reza la denuncia. Los empleados tampoco respetan las creencias religiosas de los menores, ''limitando cualquier manifestación de sus orígenes''.
En este punto, la denuncia advierte de que varios de los trabajadores no tienen la cualificación adecuada para el puesto que desempeñan. Además, la dirección utiliza a algunos chicos para hacer de “chivatos”, prometiéndoles arreglar su situación administrativa, dándoles comida o dinero extra si les dan la información que piden. Si no cumplen, les amenazan con denuncias. ''Eso genera un ambiente de opresión y vigilancia impropio de un lugar de acogida y protección'', señala el documento.
Otros de los trabajadores refieren sentirse frustrados con su trabajo: ''Cualquier actitud empática puede dar lugar a consecuencias negativas en su trabajo y esto choca directamente con su vocación como trabajadores sociales''. Estrés laboral y ansiedad son algunas de las secuelas que sufren algunos de los empleados, que han necesitado atención psicológica privada para aguantar la situación.
