La caída del IPC acercaba la subida del IVA sobre los alimentos a partir de julio. La rebaja fiscal entró en vigor en 2023 y se fue prorrogando cada seis meses. Sin embargo, ahora cuando se anunciaba su fin, las grandes cadenas de supermercados han forzado al Gobierno a mantener la bajada porque quieren demostrar que no se están forrando.
Por lo pronto, el Consejo de Ministros aprobará este martes un nuevo decreto anticrisis que incluirá el mantenimiento del IVA rebajado al 5% para pastas y aceites y la supresión de este impuesto para alimentos básicos como pan, harinas, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, a los que se sumará desde el 1 de julio como novedad el aceite de oliva.
Esta rebaja fiscal -de la que están excluidos el pescado y la carne- entró en vigor en enero de 2023 y se había prorrogado hasta el 30 de junio de este año, cuando caducaba.
El Gobierno ha decidido extender la medida por la persistente inflación (4,4% en mayo).
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de estos movimientos, los supermercados han pedido más plazo al Gobierno para demostrar que no están aprovechando la rebaja del IVA de los alimentos para inflar sus márgenes de beneficio, algo expresamente prohibido en el decreto anticrisis que regula esta medida temporal que se puso en marcha para contener la escalada de la inflación.
Grandes cadenas de la distribución como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo… han presionado al Ejecutivo para que mantenga la rebaja del IVA en los productos básicos, al menos, hasta final de año. Incluso, han reclamado ampliar el listado de productos para incorporar, por ejemplo, la carne o el pescado, considerados de primera necesidad.
Aseguran que, dentro de seis meses, se podrá comprobar que no han aprovechado la coyuntura para subir precios, como se les acusa desde algunos sectores de la izquierda, o incluso dirigentes políticos como la vicepresidenta Yolanda Díaz, o las líderes de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra.
Según ha podido comprobar ECD, la decisión del Gobierno ha sorprendido a los analistas porque, a la espera de los datos de junio, la evolución de la inflación augura una ulterior moderación de los precios.
Es cierto que en los meses de marzo y abril, la inflación volvió a subir -empujada justo por los alimentos-, pero su ritmo de crecimiento, en parte causado por la vuelta a la normalidad del IVA energético, está muy lejos de los máximos de los ejercicios anteriores.
El IPC se situó en abril en el 3,3%, y en el 2,9% la inflación subyacente. Los alimentos y bebidas no alcohólicas repuntaron cuatro décimas, hasta el 4,7%.
Hay, además, otro elemento crítico que no puede eliminarse de la ecuación. Bruselas lleva meses presionando para que se retiren los estímulos fiscales, con el foco puesto en las ayudas generalizadas, como la rebaja del IVA alimentario. Por otra parte, las reglas presupuestarias europeas, suspendidas con la pandemia, vuelven a estar en vigor. Y el ajuste al que se enfrenta España será, al menos, de 6.000 millones al año.
Por ello, la mayoría de los economistas dudan de la oportunidad de la medida. Recuerdan que uno de los compromisos del país con Bruselas es corregir sus desequilibrios fiscales y reducir sus niveles de déficit público por debajo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en el corto plazo.
A ello se suma una moderación del IPC que, pese a haber repuntado en mayo -la tasa ha sido del 3,6%, según el INE- va en línea con las previsiones y no apunta a sufrir un cambio de tendencia o una aceleración en la evolución de los precios.
Pero el escenario económico no es lo único que condiciona al Gobierno. Los analistas consultados por ECD apuntan a que la justificación para ampliar las ayudas esconde también razones de calado político, y es que de no prorrogarse la rebaja del IVA, los efectos sobre los precios, sobre todo por el llamado ‘efecto escalón’, serían notorios entre los meses de agosto y octubre, un periodo en el que existe riesgo de una repetición electoral en Cataluña.
El pasado mes de febrero, el Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy dio un golpe de efecto anunciando una iniciativa que su predecesor en el cargo, Alberto Garzón, no había llevado a cabo hasta la fecha.
Las autoridades de Consumo abrieron una investigación a los principales distribuidores minoristas que operan en el país enviando “requerimientos de información a las cadenas de supermercados para comprobar si están trasladando correctamente a los consumidores la reducción del IVA”, según comunicó el Ministerio, que evitó especificar a qué empresas concretas se había solicitado esta información.
En paralelo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene a los supermercados bajo vigilancia.
En julio de 2023 publicó un primer informe en el que certificó que las cadenas de distribución sí estaban trasladando correctamente el IVA reducido a los precios finales, en base a la información recopilada entre enero y mayo de ese año, es decir, durante los primeros cinco meses de la medida en vigor. Y el supervisor está trabajando en un nuevo informe de evaluación de la medida actualizado.
A la espera de ese informe, por ahora, la única referencia estadística disponible para fiscalizar la evolución de los beneficios de las empresas del sector es el observatorio de márgenes empresariales que elabora el Banco de España.
En su última actualización constató que, en el segundo semestre de 2023, los márgenes sobre ventas de la cadena agroalimentaria aumentaron ligeramente, pero con una evolución heterogénea en sus distintos subsectores: mientras los márgenes en la agricultura aumentaron, en la industria se mantuvieron “en niveles muy inferiores a los anteriores a la crisis energética”, si bien parecen “haber iniciado una senda de recuperación hacia los niveles previos a la pandemia”.
En cambio, los márgenes en el comercio de alimentos encadenan descensos desde 2021, sin que se reviertan las contracciones experimentadas durante el ‘shock’ energético.
