Los hechos dan a entender que Pedro Sánchez y su Gobierno han decidido mantener a España en funciones mientras no se cumplan sus exigencias. Es una retórica cercana a la del secuestro con rehenes que son los ciudadanos, que van a pagar las ínfulas despóticas del inquilino de La Moncloa que se comporta como si los españoles le hubieran recompensado con una mayoría absoluta en las urnas. Pero no. Como ya no sabe qué hacer para doblar el brazo a Unidas Podemos o al que se ponga por delante para que le regalen los escaños en la investidura, ha tirado del manual del chantajista para secar la liquidez de los gobiernos autonómicos y con ello la prestación de los servicios públicos a la gente. Ha cortado el grifo de la financiación con la excusa de un informe de la Abogacía del Estado inventado por la ministra María Jesús Montero con que justificar que un Gobierno en funciones no puede cumplir el trámite de abonar las cantidades adeudadas. La ministra lleva varios días de trola en trola pues ese argumentario jurídico no existía, pero ni dimitirá ni la echarán por ejercer de trilero. Los barones del PP se lanzaron en tromba contra la cacicada y exigieron un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hay razones sobradas para ello, pero Sánchez y Montero prefieren citarse con los colectivos en defensa de las ballenas y así...
