El sector agroexportador es constante en un reclamo, más allá de escenarios puntuales: la quita de derechos a la exportación, o retenciones. El peso que tienen sobre los ingresos tributarios hace que hayan cobrado un lugar cada vez más relevante para la sostenibilidad del Estado, lo que dificulta su quita. Sin embargo, existen alternativas.
El think tank Fundar elaboró una propuesta para recortar progresivamente las retenciones e ir hacia un esquema de reemplazo centrado en tributos "más virtuosos en términos productivos y distributivos", llamado "Discutir los derechos de exportación: hacia un nuevo marco fiscal para el agro".
Los derechos de exportación se mantienen, en distintos niveles y variantes, hace más de 40 años. El principal obstáculo que existe para su quita es su relevancia en la recaudación. En mayo tuvieron una suba del 11% anual real y, junto al impuesto PAIS, son los dos impuestos que sostienen la recaudación.
Un segundo efecto buscado era el de diferenciar los precios internacionales, en especial si se trata de alimentos, de los internos. Por último, perseguían también la meta de orientar la producción agrícola a distintos granos así como a canalizar la inversión a sectores de mayor valor agregado, como los industriales.
Según la organización, las retenciones no se adaptaron a los nuevos contextos productivos del sector ni a su inclusión de tecnología, desarrollo de eslabones industriales o tecnológicos que participan del proceso productivo.
Es por eso que consideran que los derechos a la exportación generaron un desincentivo a la producción y venta de los bienes porque se traducen en un recorte del ingreso percibido por el productor, además de impactar sobre la demanda de tecnología e inversión del sector.
En la quita progresiva que propone Fundar, se plantea la necesidad de hacerlo teniendo en cuenta los ingresos fiscales en el corto plazo y su reemplazo gradual por otros tributos "más eficientes" y mantener las alícuotas diferenciales según el grado de elaboración del bien exportado durante el proceso de quita.
Las alícuotas diferenciales regían especialmente en la soja y sus derivados, en los que el grano pagaba un porcentaje mayor sobre el total vendido, a diferencia de las harinas, aceites y otro derivados. En el caso del poroto de soja, el centro de políticas públicas propone mantener una tasa residual de las retenciones, para mantener la diferencia con sus derivados y "asegurar la rotación de cultivos".
Desde el organismo proponen ir a un conjunto de impuestos para reemplazar la pérdida de ingresos: impuesto a las Ganancias, inmobiliario rural, bienes personales y renta extraordinaria de los recursos naturales.
Para que el esquema sea aplicable, deberá fortalecerse la fiscalización del impuesto a las Ganancias, actualizar las valuaciones fiscales de inmuebles rurales, desgravar mejoras productivas, eliminar la exención de bienes personales sobre el inmueble rural, habilitar pagos cruzados entre impuestos, agregar una sobretasa variable al impuesto a las Ganancias según el precio internacional y el tipo de cambio real para captar la renta extraordinaria.
Para reemplazar el efecto productivo y de precios, proponen un fondo de estabilización y desarrollo sectorial, que estabilice la producción agrícola y el poder adquisitivo ante shocks y cambios contextuales y que permita invertir en infraestructura y desarrollo.
Según su análisis, el Estado recuperaría el 58,9% de la pérdida en recaudación a través de dos efectos indirectos: aumento de precios internos en bienes agrícolas, que sería mayores ingresos de productores (ganancias, bienes personales e inmobiliario rural) y mayores precios (IVA), además de un aumento de lo recaudado por retenciones a través de las mayores cantidades vendidas.
Este recorte tendría un efecto diferenciado entre Nación y las provincias. Mientras que el Estado nacional perdería ingresos progresivamente hasta alcanzar el equivalentes al 0,9% del PBI, las provincias subiría hasta el 0,5% del PBI también para el cuarto año, mientras que la pérdida de recaudación del sector público consolidado sería del 0,5%.
Para analizar el esquema, tomaron el escenario de recorte de retenciones que se dio en 2015. Lo que vieron es que tuvo un impacto positivo sobre la inversión, pero negativo sobre la producción, en especial de soja, ya que el recorte del impuesto fue de 5 puntos porcentuales. En el caso del maíz, que se llevó a 0, el aumento de la producción fue significativo.
