El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se arriesgará a pagar las consecuencias internacionales de expropiar a ciudadanos extranjeros, según The Economist Intelligence Unit (EIU), en su último informe sobre Nicaragua. La publicación además reitera que el único punto vulnerable de la dictadura es su exposición a las sanciones de Estados Unidos.
“La prioridad más apremiante del Gobierno será frenar el deterioro económico en curso, pero ganar la confianza de los inversores, en medio de la agitación política y la falta de fe en el estado de derecho, será extremadamente desafiante”, razona EIU, propiedad del grupo británico de The Economist.
En este sentido, explica que el “riesgo de expropiación para las empresas de propiedad extranjera sigue siendo limitado”, ya que el Gobierno es firmante del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica (DR-CAFTA), que protege a los inversionistas extranjeros contra las expropiaciones.
“El gobierno nicaragüense no arriesgará su pertenencia en el DR-CAFTA, dada la confianza de Nicaragua en un modelo de desarrollo orientado a la exportación”, afirma la publicación británica.
EIU destaca que las tomas de tierras “han sido un hecho significativo desde el inicio de la crisis política”, en abril de 2018. Sin embargo, aclara que las expropiaciones “han tenido un alcance limitado y parecen estar destinados a socavar a los oponentes domésticos”.
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) ha denunciado que el régimen mantiene ocupadas ilegalmente unas 29 propiedades en siete departamentos del país, que representan un área de más de 4 600 manzanas.
Michael Healy, presidente de Upanic, señaló en abril pasado que las 29 propiedades pertenecen a 18 ciudadanos, de estos 14 son nicaragüenses y el resto estadounidenses.
Durante la crisis de 2018, simpatizantes orteguistas llegaron a tomarse más de 9 800 manzanas de tierras.
La publicación británica recalca que el riesgo político continúa “extremadamente alto”, ya que la dictadura “está bajo creciente presión de actores nacionales e internacionales”.
Sobre el escenario internacional, EIU resalta dos fechas claves en junio: el 20 y 26. En ambas, el régimen podría ser castigado y Nicaragua perdería el acceso a préstamos multilaterales.
El 20 de junio, el departamento de Estado y el del Tesoro de EE.UU. presentarán ante el Congreso, un informe sobre los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. “Si consideran insuficiente lo que se ha avanzado en esos frente, se pueden aplicar nuevas sanciones”, subraya.
El 26 de junio, inicia en Medellín, Colombia, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde los Estados miembros “evaluarán la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para Nicaragua, que expulsaría a este último del organismo regional”.
Pese a este adverso escenario político, Ortega “no muestra ninguna voluntad de forjar una resolución negociada de la crisis”, según la publicación, que añade que la pareja presidencial “ha adoptado un enfoque cada vez más autoritario”.
“Los límites del mandato presidencial han sido eliminado y el Gobierno ejerce una fuerte influencia sobre todas las instituciones públicas. El FSLN ha utilizado su mayoría legislativa para fortalecer los poderes presidenciales, así como la (ya fuerte) aparato de seguridad estatal”, describe.
Como en previos análisis, el centro británico pronostica que Ortega o cualquiera que él designe se mantendrán en el poder hasta 2022 —cuando toca cambio de Gobierno—, aunque aclara que su predicción puede fallar ante el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
“La escena política es altamente volátil y existen riesgos sustanciales para nuestro pronóstico. Una de las principales vulnerabilidades del régimen de Ortega es su exposición a las acciones de los Estados Unidos”, resalta el informe.
Recuerda que la administración estadounidense ya ha sancionado a altos rangos dentro del Gobierno, incluyendo a la vicepresidenta y primera dama. En su última ronda de sanciones, en abril pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial, y al Banco Corporativo SA (BanCorp), brazo financiero del régimen.
Como consecuencia de esa sanción, el BanCorp informó su cierre definitivo a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), a finales de abril.
Sobre este tema, EIU enfatiza que “dado su aislamiento financiero, el cierre de Bancorp no tendrá un impacto más amplio en el resto del sistema bancario”.
“Sin embargo, el cierre de Bancorp significará que habrá una reducción adicional en el nivel de dólares estadounidenses dentro del sistema bancario. En consecuencia, ahora esperamos que las reservas extranjeras se ubiquen en 1.8 mil millones de dólares a fines de 2019, en comparación con los 2.0 mil millones de dólares”, indica.
