La portavoz y líder nacional del BNG, Ana Pontón, cifra en 904,7 millones de euros el coste de rescatar la AP-9. Una cifra que se aleja, a la baja, de los «más de 6.000 millones» que había dado el ministro de Transportes, Óscar Puente; e incluso de la que calcula la Xunta, por debajo de los 2.900. La razón: los novecientos millones corresponden al precio de mercado de la autopista y, asegura, sería lo que habría que abonar en tanto que la concesionaria, Audasa, no sería objeto de compensaciones en el caso de rescindirse el contrato. Lo ha explicado este viernes, echando mano de un informe encargado a la UDC del que se desprenden dos conclusiones: que l as dos prórrogas que se concedieron a la AP-9 son «ilegales» por no haber sido licitadas –de ahí la ausencia de indemnizaciones a la empresa, argumentó– y que su rescate sería rentable; esto es, si se toma como base el coste que acredita el BNG y los 2.844 millones de euros de gasto público que calcula hasta 2048, cuando termina la concesión, en la forma de «peajes en sombra». Pontón ha presentado los resultados del estudio este sábado, en Santiago, junto a sus dos autores, los profesores Carlos Aymerich y José Antonio Blanco. Según ha dicho, el contrato que mantiene Audasa actualmente y por el que gestiona la autopista es «ilegal» porque las dos prórrogas que tuvo, especialmente la última, durante el gobierno de Aznar, implicaban un «cambio sustancial» en su extensión que debería haberse resuelto mediante una licitación previa en la que participasen más empresas. En su lugar, ha denunciado, «se aceptó sin atender a otros criterios y el Gobierno actuó a favor de la empresa». En un escenario así, han indicado los ponentes, la normativa europea, basándose en jurisprudencia previa, entiende la operación como una contratación «a dedo» y que, por tanto, «debe ser anulada». Por eso mismo, no entraría en efecto el concepto de núcleo cesante y no cabría compensación económica para Audasa. Por ende, los autores han propuesto «dos vías»: o dejar que el expediente que abrió Bruselas a España siga su curso, con las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento que denuncia, o bien que el Gobierno actúe «de buena fe» e inste de motu propio a la anulación del contrato encargando una revisión de oficio que lo invalide. «El Estado español no tiene que esperar a que Europa decrete que la prórroga es ilegal, sino que puede usar el dictamen de la Comisión Europea para asumir dicha ilegalidad y recuperar la infraestructura», terció la líder nacionalista. El otro argumento de la formación nacionalista es el ahorro que, en base a sus cálculos, representaría el rescate para las arcas públicas. Cifra en 2.844 millones de euros el coste, de aquí a 2048, de la concesión a causa de los «peajes en sombra», retribuciones que abona el sector público en función de la cantidad de usuarios de la infraestructura y que en 2023 alcanzaron el 30% de su facturación. Con ese dato, y con el de su valor de mercado –el que consideran «más acorde» los expertos, dijeron, a la hora de hacer una aproximación–, Pontón ha afirmado que el ahorro potencial, que no sería real hasta dentro de veinticuatro años, rondaría los 1.900 millones si la autopista se rescatara ya. También en materia de transportes, el diputado nacionalista Néstor Rego ha exigido el mismo viernes que se libere de peajes el tramo de la AP-9 entre Padrón y Santiago ante las obras de O Milladoiro, en el término de Ames, por ser «la única forma de tener una alternativa adecuada y viable para garantizar la circulación» entre ambos núcleos en ambos sentidos. Según ha avanzado, su grupo registrará iniciativas para ello en el Congreso y en los municipios afectados por las obras.
