No hacía falta consultar a un chamán para saber hace nueve meses, cuando Pedro Sánchez fue investido presidente, que el Gobierno se las iba a ver y desear para lograr un mínimo de estabilidad en la legislatura. El PSOE sacrificó varias líneas rojas para mantener a su secretario general en el Palacio de la Moncloa, pese a haber perdido las elecciones, pero la prometida tranquilidad –a cambio, entre otras cuestiones, de amnistiar los delitos del 'procés'– no aterriza en el Congreso. Lo que no esperaban los socialistas es que iba a ser un excompañero de bancada, José Luis Ábalos, quien precarizase aún más su situación. Cuando ya se ha sobrepasado el primer año de legislatura, y estando en vigor la amnistía a los responsables del intento de secesión en Cataluña, las alianzas parlamentarias no solo no se consolidan, sino que se resquebrajan entre desconfianzas y divergencias ideológicas de calado. El martes, en la Diputación Permanente del Congreso –el órgano que se reúne en los periodos inhábiles–, el Gobierno evitó varias derrotas parlamentarias simplemente porque la aritmética es distinta a la que hay en el Pleno. Ahí, por ejemplo, la suma de PP, Vox y Junts habría sido suficiente para obligar a Sánchez a comparecer por la crisis migratoria y la fuga de Carles Puigdemont. Los siete votos de Junts fueron imprescindibles para la investidura del socialista, con la amnistía como pago principal, pero siguen siéndolo ahora porque tienen la llave que garantiza a la oposición una mayoría de bloqueo frente al Gobierno. El partido del prófugo reclama que se le aplique el olvido legal del 'procés' a Puigdemont, pero el Tribunal Supremo lo descarta en el caso de la malversación. Al quebradero de cabeza de Junts, irresuelto y que ya provocó en julio que el Congreso rechazase el techo de gasto propuesto por el Gobierno –paso imprescindible para presentar los presupuestos generales del Estado–, se le añaden otros como Podemos y el exsocialista Ábalos . La mayoría de Sánchez es tan ajustada que el órdago del exministro puede provocar que ni siquiera tenga asegurada la mayoría simple (más síes que noes) en votaciones donde los neoconvergentes se abstengan. Si Junts directamente vota lo mismo que PP y Vox, el Gobierno no tiene nada que hacer. A los 147 diputados del Ejecutivo (120 del PSOE y veintisiete de Sumar) cabe añadir los siete de ERC, los seis de Bildu y los cinco del PNV. Esos tres partidos salvaron a Sánchez de la lona en la Diputación Permanente y son ahora mismo los respaldos que tiene garantizados, si bien los republicanos vinculan que eso siga siendo así a que se cumpla el pacto fiscal acordado para investir a Salvador Illa 'president' de la Generalitat. A esos 165 votos se pueden agregar los cuatro de Podemos –aunque también los de Ione Belarra están marcando perfil propio–, el del BNG y el de Coalición Canaria. En total, 171 diputados. El problema que nace para el Gobierno es que hasta ahora esos 171 votos eran 172 porque aunque Ábalos hubiese dado el salto al Grupo Mixto –expulsado del PSOE por su posible responsabilidad derivada del caso Koldo –, se había comprometido a mantener la disciplina del Grupo Socialista. La situación ha cambiado, dado que en la auditoría interna realizada en el Ministerio de Transportes, a las órdenes de Óscar Puente, se imputa a Ábalos una orden para duplicar la compra de mascarillas a la trama de su exasesor. Y eso, en un escenario donde Junts se abstenga, deja a la mayoría que sostiene al Gobierno con los mismos 171 escaños que juntan PP, Vox y UPN. El primer apartado del artículo 88 del 'Reglamento del Congreso' especifica: «Cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda y, si persistiese aquel, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la Presidencia. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación y, si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate». Es decir, en asuntos donde PP, Vox y UPN se opongan al Ejecutivo, este estará condenado a la derrota solo con que Junts y Ábalos se abstengan al mismo tiempo. El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, se aferraba este jueves, en una entrevista concedida a RNE, a un acto de fe en su excompañero y confiaba en que vote por «el interés general de los españoles». Espadas recordó a Junts que tiene «un acuerdo firmado» con el PSOE y que para concretarlo debe hacerse vía presupuestos, y afirmó que «la mayoría que sustenta al Gobierno progresista» será con la primera que se hable. Según dijo, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de presentar las cuentas y lo hará, pero a partir de ahí, derivó esa misma responsabilidad en las Cortes Generales. Fuentes del Gobierno, esta misma semana , abrían la puerta a prorrogar por segunda vez consecutiva los presupuestos y seguir gobernando sin cuentas, sin anticipar las elecciones, aunque sea un escenario inusual. El propio Sánchez disolvió las Cortes en 2019 cuando ERC provocó la caída de sus cuentas, pero ahora, tras haber perdido los comicios ante Alberto Núñez Feijóo y con investigaciones judiciales que afectan a su entorno más cercano, el contexto es otro. El panorama se puede complicar aún más si Podemos termina de plasmar en las votaciones su creciente malestar con el Gobierno. Los de Belarra ya tumbaron en enero un real decreto ley de Yolanda Díaz por la reforma de los subsidios de desempleo, pero el martes, en la Diputación Permanente, solo se abstuvieron en dos asuntos en los que se mostraron muy críticos: la gestión migratoria de Sánchez y la ferroviaria del ministro Óscar Puente. Sendos síes de Podemos habrían provocado que ambos hubiesen acudido esta semana al Congreso –Puente lo hizo este jueves a petición propia– obligados por la oposición. Mientras, el Partido Popular aprovecha su mayoría absoluta en el Senado para forzar al Gobierno a dar en la cámara territorial las explicaciones que evita dar en el Congreso. La primera será la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tendrá que comparecer el miércoles de la próxima semana en un pleno urgente para dar cuentas del acuerdo alcanzado con ERC para la financiación de Cataluña. Si el Congreso «se cierra», el Senado se convertirá en «el centro del debate», avisó la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García. De momento, la responsable de la caja del Estado tendrá que explicar los detalles del acuerdo que ha permitido la investidura de Illa «ante la desinformación absoluta del Gobierno y el silencio entre el Ejecutivo y ERC», reivindica el PP.
