Esta semana se cumple un año desde las pasadas elecciones generales. Doce meses después del 23-J, las palabras que Pedro Sánchez pronunció en la noche electoral han vuelto a demostrar su condición absurda. «Somos muchos más», dijo el presidente, tras relegar al Partido Socialista a la segunda posición. Nunca en la historia de la democracia un político celebró el segundo puesto, pero al secretario general del PSOE no pareció importarle que su formación ya no fuera capaz de agregar grandes mayorías. El contraste entre la realidad y las palabras de Sánchez fue evidente entonces y este martes volvió a ponerse de manifiesto al fracasar en el Congreso la senda de déficit propuesta por el Ejecutivo con los votos en contra de Junts. Hace un año el PSOE no sólo no ganó las elecciones, sino que su espacio ideológico ni siquiera sumó mayoría parlamentaria. Este hecho era visible el 23-J, pero Sánchez prefirió componer una mayoría circunstancial con formaciones políticas de ideologías antitéticas antes que aceptar la alternancia política y que gobernara la lista más votada. La estabilidad de esa alianza de intereses era previsible y sus socios jamás le engañaron. El pago de la amnistía nunca constituyó un acuerdo de legislatura y los independentistas catalanes adelantaron desde el principio que sus apoyos tendrían que negociarse ley a ley. Este escenario de chantaje, en el que una fuerza minoritaria y contraria a la Constitución determina el gobierno del Estado, ha acabado situando al PSOE en una coyuntura de permanente agonía que cada vez convence a menos personas, incluso dentro de sus propias filas. El afán de Sánchez por permanecer en La Moncloa empieza a resultar incomprensible para los suyos, ya que tras un año de legislatura han sido escasísimas las iniciativas parlamentarias aprobadas más allá de la amnistía. Ostentar el poder nominalmente no equivale a gobernar, y estos doce meses, lejos de arrojar una actividad legislativa exitosa, apenas han servido para erosionar la salud institucional de nuestro país. Aunque los números sigan siendo favorables para la supervivencia política de Sánchez, sobre todo mientras se muestre dispuesto a conceder cuantos privilegios exijan los separatistas catalanes, la legislatura cada vez parece tener menos sentido. Pedro Sánchez siempre se ha movido por intereses subjetivos que, al menos antes, eran políticos. Sin embargo, es ahora cuando su permanencia en La Moncloa sólo puede entenderse desde una perspectiva puramente personal. Es posible que el presidente haya renunciado a gobernar y legislar. A la vista de los hechos, parece que a Sánchez le bastaría con poder controlar mecanismos e instituciones que le son imprescindibles para proteger a su círculo más íntimo de las investigaciones judiciales que le rodean. El presidente del Gobierno alardeó hace años de controlar la Fiscalía y esa injerencia confesa, con su mujer y su hermano investigados por corrupción, cobra hoy una nueva utilidad que quizá justifique el propósito de Sánchez en esta legislatura agónica. En el PSOE se ha tocado a rebato para defender al entorno del presidente, pero cada vez son más las interpretaciones realistas que asumen que los minutos de la basura de esta legislatura, duren lo que duren, no servirán para desarrollar políticas públicas útiles para la ciudadanía, pero sí someterán a un intenso desgaste a un país y a unas siglas que se verán obligadas a sobrevivir a una herencia, la del sanchismo, que acabará pesando como una losa.
