Las empresas que luchan contra el Gobierno español por el impago a las renovables están de enhorabuena. La Justicia belga ha abierto un importante melón tras su última sentencia. El pasado 11 de julio, según publicó ABC , se conoció el embargo de 32 millones de euros a España por los impagos en esta materia. Se fijó que los tribunales intervengan los pagos de Eurocontrol a Enaire, confiscando de esta forma los ingresos por concepto de tráfico aéreo. La situación ha dado un nuevo giro que abre la puerta a más reclamaciones. En concreto, Eurocontrol cumplió con la orden de la justicia belga e informó a la empresa denunciante del monto total sujeto al embargo. La cifra exacta asciende a 83,7 millones de euros, de los cuales 79,9 millones se corresponden con los pagos pendientes a Enaire por el servicio de gestión y manejo del tráfico aéreo en España durante el pasado mes de junio. La situación económica que se ha descubierto en el transcurso de este embargo abre la puerta a nuevas acciones. Por el momento, la orden de embargo seguirá en vigor hasta que se resuelva la situación. Esto significa, por ejemplo, que los pagos de los próximos meses también quedarían bloqueados a la espera de la resolución final del conflicto. Sin embargo, según explican fuentes del sector a ABC, es previsible que otros inversores afectados se sumen a estas acciones , puesto que la justicia belga permite que otros acreedores se añadan a la reclamación y se beneficien de esta medida de protección que busca evitar nuevos impagos. El gobierno español tiene encima de la mesa una propuesta de resolución por parte de las empresas afectadas. La negativa de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a negociar una salida satisfactoria resultará en nuevos embargos, mantendrá la inseguridad jurídica y podría llegar a perjudicar su trayectoria política en Europa. Esta situación podría tener un impacto negativo para Ribera por la proyección internacional del conflicto desde hace años. Desde hace tiempo, España ha impagado más de 25 laudos internacionales que condenan a nuestro país a pagar 1.560 millones de euros en concepto de indemnización por la retirada retroactiva de las primas renovables . A esta cifra hay que sumarle los más de 315 millones de sobrecostes legales y financieros derivados del incumplimiento de los fallos. El Gobierno lleva un tiempo maniobrando para eludir estos pagos con diferentes movimientos legales. De hecho, según explican fuentes conocedoras de la situación a ABC, es posible que el Ejecutivo recurra esta decisión de los tribunales belgas, e intente que no se termine de ejecutar por completo el embargo. Desde España se ha alegado que estos casos no serían competencia del CIADI –al ser cuestiones intracomunitarias– y, por tanto, debería resolverse ante la justicia europea.
