Crecer sin trabas: el reto de las pymes españolas
En España, crecer puede convertirse en un problema. No porque falten clientes, talento o capacidad empresarial, sino porque, en muchos casos, aumentar la plantilla implica atravesar una frontera regulatoria que dispara obligaciones administrativas, laborales y contables.
El resultado es un fenómeno silencioso pero persistente: miles de pequeñas y medianas empresas optan por no crecer. Esa es una de las principales conclusiones del informe «Crecimiento empresarial y buenas prácticas regulatorias para la mejora del entorno de las pymes españolas», elaborado por la Cámara de España, que pone cifras a una realidad que el tejido empresarial lleva años denunciando: la normativa puede convertirse en un freno estructural para el desarrollo económico.
El estudio detecta varios «puntos de bloqueo» especialmente significativos. En empresas de 7 empleados aparece un 21% menos de compañías de las que estadísticamente deberían existir. En el umbral de 10 trabajadores, donde entran en juego nuevas obligaciones laborales y contables, el déficit alcanza el 16,6%.
La situación vuelve a repetirse en las empresas de 20 empleados y se agrava especialmente en las de 50 trabajadores, donde el número de compañías cae casi un 24% respecto a lo esperado. Detrás de estas cifras hay una lógica defensiva: muchas pymes retrasan contrataciones, fragmentan estructuras o paralizan inversiones para evitar cargas regulatorias adicionales. El informe señala que, a partir de ciertos tamaños, aparecen exigencias como la creación de comités de empresa, planes de igualdad, canales internos de denuncias o mayores obligaciones contables y de prevención laboral.
Un «mal endémico»
La consecuencia va mucho más allá de la burocracia. Según advierte el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, España arrastra «un mal endémico» que limita la competitividad, la innovación, la internacionalización y la productividad. Más del 94% de las empresas españolas son microempresas o autónomos, una estructura empresarial que, lejos de ser anecdótica, refleja las dificultades reales para escalar negocio en el país.
Además, la Cámara de España subraya que sectores como la industria y la construcción muestran una resistencia especialmente alta a superar el umbral de los 50 empleados, mientras que comercio y servicios encuentran mayores barreras en los tramos más pequeños, entre 7 y 10 trabajadores. Esto evidencia que el problema no es homogéneo y requiere políticas adaptadas a la realidad de cada sector. Lejos de limitarse a señalar el problema, el informe propone una batería de medidas orientadas a suavizar el impacto regulatorio sobre las pymes.
Entre ellas destacan la aplicación del principio de proporcionalidad normativa, la creación de una ventanilla única digital, una mayor coordinación entre administraciones y el impulso al acompañamiento empresarial en ámbitos como la financiación, la digitalización o la internacionalización.