El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, ahora culpó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de que se tuviera que seleccionar a la empresa alemana Dekra para brindar el servicio de inspección técnica en el país, a pesar de que su oferta no era la más barata.
Cargado de contradicciones, Amador compareció este viernes ante los diputados de la Comisión de Infraestructura como parte de la investigación para determinar las razones por las que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) otorgó a Dekra el permiso de uso en precario para brindar el servicio de revisión técnica, a pesar de que no había obtenido el mayor puntaje en el proceso de selección.
Durante su presentación inicial, el exjerarca sostuvo que debido a que la Aresep no fijó una tarifa máxima para el servicio, sino que otorgó un costo mínimo solo para la inspección y no fijó tarifa para reinspección. Por esa razón, según él, el precio se convirtió en un “factor irrelevante” y la experiencia se convirtió en el valor preponderante al evaluar las ofertas.
El proceso de selección establecía que la experiencia representaría 20 puntos en la evaluación y el precio 80 puntos. Bajo esos criterios, la empresa Opus Group obtuvo 97 puntos y Dekra 90 puntos. Sin embargo, según Amador el criterio de la comisión evaluadora era “no vinculante” y el proceso se realizó por medio de concurso para asegurar “transparencia”, pues la figura de uso en precario permitía que la selección fuera “discrecional”.
De acuerdo con el exministro, al conocer las tarifas mínimas aprobadas, el precio que ofertaba cada empresa ya no tenía valor, pues aunque fuera menor a lo fijado por el ente regulador, estarían obligados a cobrar la tarifa delimitada.
A pesar de esas consideraciones, el 24 de agosto, cuando el gobierno anunció en conferencia de prensa que Dekra era la empresa seleccionada, tanto Amador como el presidente Rodrigo Chaves destacaron que el precio y la experiencia habían pesado en la decisión. En esa oportunidad, el mandatario sostuvo que la firma seleccionada había ofrecido no cobrar la reinspección cuando hubiera defectos mínimos y que la reinspección costaría la mitad.
Tales manifestaciones se dieron, a pesar de que según Amador no había tarifa de reinspección fijada. Al final, lo anunciado por los jerarcas no ocurrió.
En relación con el tema, el diputado Francisco Nicolás, preguntó al exministro cuándo conoció que no era posible cobrar “cero” en las reinspecciones. Amador contestó que lo supo cuando Aresep fijó las tarifas mínimas. Es decir, el 18 de agosto, según su mismo relato, seis días antes del anuncio del Poder Ejecutivo.
MOPT sabía que no habría tarifa cero por reinspección, reclaman diputados a ministro
Cuando se dio la contratación, en agosto del 2022, Amador justificó su decisión basado en dudas respecto a la experiencia reportada por la firma que obtuvo el primer lugar en el proceso. También se basó en señalamientos por supuestos hechos de corrupción de esa compañía en Honduras, sobre los que él mismo había indicado (según consta en actas del Cosevi) que no se tenían pruebas y, se creía, se relacionaban más con un funcionario público.
Este viernes, el exjerarca insistió que el peso de la decisión estuvo en el tema de la experiencia, y que el criterio “no vinculante” que emitió la comisión encargada de evaluar las ofertas no tomó en cuenta los cuestionamientos a la empresa Opus (que resultó en primer lugar) sobre irregularidades en otros países.
Con la investigación, los diputados también buscan aclarar lo relacionado con el decreto firmado por Amador tres días antes de que la empresa comenzara a operar en el país, mediante el cual se modificó el reglamento de la inspección técnica, a fin de obligar a los propietarios de vehículos a someter sus automotores a una inspección completa cuando presentan más de una falla grave en la primera revisión. Ese cambio generó a la empresa ¢1.500 millones durante su primer año de operación.
Amador aseguró que fue la comisión del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) la que sugirió que en caso de múltiples faltas graves se hiciera una revisión nueva, ya que no había datos sobre el estado de la flota vehicular, las fallas detectadas y las muertes en carretera asociadas con las condiciones mecánicas de los vehículos.
“¿Por qué clasificar dos faltas graves peligrosas como una nueva inspección? Porque en el país tenemos una flota vieja en la que los vehículos se deterioran sin mantenimiento adecuado, por el bajo poder adquisitivo de los costarricenses, con un riesgo de que otros componentes fallen y que hayan más colisiones en carretera por fallas de los vehículos”, declaró.
Esa versión contradice lo externado por él mismo ante el plenario el año pasado, cuando aseguró que el decreto se dio porque la empresa había amenazado con no entrar a operar si la tarifa no resultaba rentable.
“La empresa indicó que si no tenía una tarifa que le permitiera cubrir sus costos no entraba. Hubo que hacer ese cambio (el decreto del 25 de octubre) de manera temporal hasta por seis meses e inmediatamente lo vamos a volver a cambiar”, aseveró el 7 de noviembre del 2023 ante los legisladores.
Decreto de última hora varió reglas de revisión técnica vehicular
En esa oportunidad indicó que había conocido que no era posible no cobrar las reinspecciones el 7 de octubre, y no desde antes de anunciar la selección como indicó este viernes.
Katherine Moreira le pidió entonces aclarar si el decreto se había elaborado o no para ayudar a la empresa Dekra.
“Absolutamente no”, respondió el exjerarca; insistió en que fue por la recomendación del Cosevi.
Como parte de la investigación, en marzo anterior también se presentó ante esta comisión el intendente de Transportes, Edward Araya, quien aseguró a los legisladores que el decreto ejecutivo mediante el cual se modificó el reglamento de inspección para obligar a los propietarios de los vehículos a pagar por la revisión completa cuando presentan más de una falla, se firmó apenas cinco días después de que la Aresep realizara la fijación tarifaria que establecía una tarifa de reinspección de ¢2.166.
En esa misma audiencia, el regulador general de los servicios públicos, Erick Bogantes, sostuvo que desde antes de iniciar el proceso para contratar a Dekra como encargado de la inspección vehicular, Amador sabía que no era posible otorgar una tarifa cero para las reinspecciones cuando se presentara un solo defecto.
Ese ofrecimiento fue una de las razones que el gobierno señaló para justificar la selección de la firma alemana como permisionario para dar el servicio.
El permiso mediante el cual Dekra opera en el país actualmente vencía en octubre de este año, sin embargo, debido a múltiples recursos planteados por la misma empresa, tras quedar fuera del nuevo proceso de selección, dicho trámite no ha avanzado. El retraso obligó al Cosevi a extender por nueve meses más la autorización a la firma alemana a fin de garantizar la continuidad del servicio.
La comparecencia de Amador que se realiza este viernes, se gestionó tras un permiso especial que la Comisión de Infraestructura tuvo que someter al plenario, pues el Congreso salió a vacaciones desde el 13 de diciembre. No obstante, los legisladores insistían en la necesidad de que el exministro acudiera de forma presencial a este foro, mientras Amador aseguraba que no podía ausentarse de su trabajo en la Universidad Concordia en Canadá. Solo estaría disponible durante su visita al país en la víspera de Navidad.
De ahí que finalmente se aprobara la audencia para este viernes en doble sesión, pues además de la rendición de cuentas por el tema de Dekra, Amador fue convocado para responder los cuestionamientos en relación con el contrato para rehabilitar la pista del aeropuerto de Liberia. Esa comparecencia se realizaría de 2 p .m. a 5 p. m.
