Luego de que la presidenta Dina Boluarte confirmara que se sometió a una operación de nariz entre junio y julio de 2023, tras las declaraciones del ex primer ministro Alberto Otárola en Comisión de Fiscalización, se abrió la interrogante de que la mandataria habría abandonado sus funciones para tomar descanso postoperación. Ante ello, Presidencia insistió que la titular del Ejecutivo no dejó sus labores ni mucho menos habría adulterado su firma con la que suscribe normas.
"Resulta necesario aclarar que las normas suscritas en el periodo del 26 de junio al 10 de julio del 2023, por la señora presidenta de la República, han sido realizadas dentro del marco legal establecido por la Constitución... Rechazamos categóricamente cualquier insinuación o acusación que cuestione la legitimidad o la legalidad de las normas firmadas por la señora presidenta", publicó en X.
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Para contextualizar, otras de las razones del pronunciamiento desde Palacio de Gobierno se debe al informe del dominical de Cuarto Poder que expone que las actas del Consejo de Ministro de los días 5 y 7 de diciembre presentarían ciertas diferencias en cuanto al tema de su grafía.
Asimismo, se abrió la interrogante a que la presidenta podría haber incurrido en el presunto delito de falsedad. Tanto los penalistas César Nakazaki y Luis Lamas Puccio afirmaron que si se llega ante un grafólogo la existencia de irregularidades en ellas, la presidenta podría enfrentar hasta 10 años de prisión postgobierno.
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La Fiscalía de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra Dina Boluarte por presuntos delitos de incumplimiento de funciones y abandono del puesto, debido a su falta de presencia tras una operación a la que se sometió el año pasado.
"La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha iniciado investigación preliminar contra Dina Boluarte, en su condición de presidenta, por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, y/o alternativamente por el presunto delito de abandono del cargo", dice el comunicado del Ministerio Público en su cuenta de X.
De acuerdo con este comunicado, "los hechos se relacionan con la falta de notificación sobre el impedimento temporal para ejercer la presidencia de la República al Consejo de Ministros y al Congreso, desde el 29 de junio hasta el 9 de julio de 2023, debido a una intervención quirúrgica a la que se sometió".
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La presidenta Dina Boluarte reconoció abiertamente que se sometió a una cirugía con propósitos "funcionales" y no estéticos, aunque afirmó que dicha intervención no afectó su desempeño como jefa de Estado. En este marco, desafió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a proseguir con la investigación en su contra y a convocarla, ya que está dispuesta a declarar e incluso a compartir detalles de su historial médico.
"Sí fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una operación necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria. No me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta de la República porque el acto médico no me lo impidió. Cuando se dignen en citarme una vez más y el Ministerio Público haga su trabajo renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico y demostraré con medios probatorios suficientes lo que estoy manifestando a través de una declaración regular y oficial", dijo en mensaje a la Nación.
