Cada semana, nuestro boletín '¡Salud!' te trae las novedades de la actualidad sanitaria y científica que afectan a tu día a día
Recibe el boletín - Te enviamos '¡Salud!' todas las semanas si te suscribes de forma gratuita en este enlace
Esta semana hemos sacado la lupa para mirar una realidad que preocupa a mucha gente: las listas de espera para ir al dermatólogo (las más largas en toda España), al ginecólogo o al traumatólogo. La conversación de escalera, en el trabajo o con los amigos es más o menos la misma en muchos sitios: “me han dado cita para finales de 2025”, “cuando vaya ya se me habrá pasado lo que tenga o estaré mucho peor”. Son las cosas de comer, las inquietudes cotidianas y transversales de la gente.
Así que, decía, nos hemos puesto a mirar con lupa lo que los datos nos dicen de la situación. A través de ellos nos podemos hacer una idea de cómo se mueven los pacientes y hacia qué direcciones. Escogimos la Comunidad de Madrid porque tiene la tasa más alta de población en esta situación de espera (un 12%). Y también porque ha construido el sistema sanitario más singular en la convivencia –más amigable para unos que para otros– entre la sanidad pública y la privada. Aquí, y probablemente en más lugares, la gallina de los huevos de oro para las compañías del sector son, precisamente, los pacientes de la pública.
¿Puede parecer paradójico? No tanto si atendemos a cómo está montado el sistema: en Madrid existen cinco hospitales públicos de gestión privada. Es decir, tú puedes ir con tu tarjeta sanitaria del Servicio Madrileño de Salud pero te atenderá una médica o una enfermera contratada por una empresa que puede ser Quirón (en cuatro de ellos) o Ribera Salud. La Consejería de Sanidad aporta un presupuesto a estos centros anual que puede engordar si el hospital trata a pacientes de otras zonas que no son la suya. La filosofía es que el dinero sigue al paciente. Más pacientes, más dinero.
Luego está la Fundación Jiménez Díaz, que va un poco por libre aunque forma parte del mismo sistema. Este hospital atiende a más de 400.000 pacientes de su zona –el centro de la capital– y cobra por cada procedimiento un dinero que es superior a los precios públicos fijados para los hospitales del Sermas. Así era, al menos, hasta 2019 cuando un anteproyecto de la Cámara de Cuentas desveló estos sobrecostes. En la versión definitiva de esa fiscalización, sin embargo, desaparecieron de golpe todos esos datos tan reveladores. La cámara justificó que había podado el informe tras aceptar alegaciones de partes interesadas.
Esto realmente fue hace mucho tiempo, un lustro, pero desde entonces las cosas han ido cada vez mejor para Quirónsalud, que gestiona este hospital y otros tres: Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba. ¿Por qué? Cada vez logran absorber más pacientes de la sanidad pública-pública (vamos a llamarla así para diferenciarla de la privatizada) porque este incentivo económico por paciente les permite abrir más citas, atender más rápido. ¿Un negocio redondo? El número de pacientes que han terminado derivados a estos hospitales (bien por decisión propia o bien por el ofrecimiento de la Consejería de Sanidad) ha pasado 28.917 en 2014 a 184.534 en 2023.
Los defensores de este modelo liberal, impulsado por Esperanza Aguirre en 2011, creen que sirve a la Comunidad de Madrid para aligerar las listas de espera. Desde luego que son mucho más eficaces y productivos. Los detractores opinan que parasita al sistema público, lo ata de pies y manos, porque las reglas del juego favorecen a los privados.
¿Pasa algo parecido en vuestras comunidades? ¿Si eres de Madrid, cómo lo vives? Contadme, soy toda ojos para leer vuestras experiencias.
Por estas mismas fechas hace tres años escribí un artículo que se titulaba: “Los técnicos se topan con la resistencia de los gobiernos en la sexta ola”. Parece la prehistoria, ¿verdad? Esta semana ha pasado algo que me ha recordado a esta historia. El Ministerio de Sanidad se ha rendido en su propósito de sacar adelante, para evitar repetir el caos del año pasado, un plan conjunto de actuaciones para limitar los contagios de virus respiratorios en invierno. Una especie de documento común para ir adoptando el uso de la mascarilla en función del nivel de contagios en cada comunidad.
No parecía una mala idea cuando se propuso hace unos meses: ocho comunidades –algunas del Partido Popular– participaron en la elaboración del plan a nivel técnico y el documento pasó por el filtro de la ponencia de alertas. Pero al llegar a la Comisión de Salud Pública, donde toman decisiones los directores generales, el consenso se acabó. Después, pese a que Sanidad dijo que intentaría reconducirlo, no ha sido posible y el plan no saldrá adelante. Se publicará como unas recomendaciones a los gobiernos regionales, que pueden desarrollar, en su autonomía de competencias, sus propias estrategias y todas tienen una potente herramienta contra los contagios, la mejor: la vacunación.
Si entras en los grupos recomendados y todavía no te has vacunado, date un salto al centro de salud. Por ti y por los demás. Ahora que llega el frío, la curva de contagios ya va para arriba.
Te espero la semana que viene con más historias.
Sofía
