El Congreso no ha podido conseguir esta semana la aprobación de sus contrarreformas constitucionales debido a que no hay consenso en las bancadas para otorgar 87 votos a las propuestas impulsadas por el fujimorismo desde la Comisión de Constitución.
Ayer, al cierre de esta nota, dos modificaciones a la Constitución que había impulsado esta comisión que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi no habían prosperado debido a que ninguna consiguió los dos tercios de votos necesarios.
La ley de impedimentos para postular a cargos públicos solo obtuvo 64 votos a favor. Se trata de un proyecto que bloquea por 10 años la candidatura de personas que cumplieron su condena por terrorismo, delitos contra la seguridad nacional y tráfico ilícito de drogas. Es una iniciativa que apunta a evitar que postule el líder etnocacerista Antauro Humala.
El problema es que ese proyecto no incluye delitos como corrupción y lavado de activos.
La mayoría de los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú y Honor y Democracia respaldaron la iniciativa. Pero no alcanzó.
Los votos en contra de los grupos parlamentarios de izquierda –Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Democrático Popular y Bancada Socialista– bloquearon esta contrarreforma en el Hemiciclo.
El Congreso está contra el reloj para aprobar esta ley. El proceso para las elecciones generales del 2026 será convocado, a más tardar, en abril del próximo año. Para esa fecha, las reglas electorales deben estar promulgadas.
Horas antes fue discutida la iniciativa de ley que plantea incrementar de siete a nueve el número de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). El dictamen, además, propuso que el Congreso bicameral –a través del Senado– pueda ratificar a los tribunos por un periodo adicional.
Sin embargo, el dictamen impulsado desde la Comisión de Constitución del Congreso tampoco alcanzó los 87 votos.
En este caso, 70 legisladores, en su mayoría de Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial, Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú, votaron a favor.
Pero otra vez la izquierda frenó sus pretensiones.
El trasfondo de este proyecto era cambiar la correlación de fuerzas tras la derrota del Congreso en la demanda competencial contra el Poder Judicial por el caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El congresista de Fuerza Popular César Revilla presentó un pedido de reconsideración para que esta contrarreforma vuelva a ser votada. Mientras eso, la coalición que gobierna el Congreso buscará conseguir 87 votos.
El Congreso tampoco pudo aprobar en segunda votación la reelección de alcaldes y gobernadores y la eliminación de los movimientos regionales.
El último jueves, cuando este dictamen fue sometido a votación, solo 70 parlamentarios estuvieron a favor. Como se trata de una reforma constitucional, necesitaba de 87 votos.
Los congresistas de Somos Perú José Jerí y Héctor Valer y de APP María Acuña presentaron pedidos de reconsideración para volver a votar estas iniciativas.
Trascendió que la comisión de Rospigliosi iba a proponer votar los puntos de este proyecto por separado. Por un lado, la reelección de alcaldes y gobernadores y, por otra parte, la eliminación de los movimientos regionales.
Las bancadas de Podemos Perú y Acción Popular fueron claves para frenar la aprobación de dicha ley en segunda votación. El fujimorismo no pudo conseguir los dos tercios debido a que estos dos grupos parlamentarios se sumaron al bloque de la oposición de izquierda.
Se trata también de una norma que el Congreso busca aplicar con miras a las elecciones regionales y municipales del 2026. Uno de los objetivos era dejar fuera de la contienda a los movimientos regionales, pero ante la falta de votos, deberán ceder.
El Pleno aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio que debilita y desnaturaliza el proceso de extinción de dominio, un mecanismo legal que permite al Estado recuperar los bienes adquiridos ilícitamente por actos de corrupción y crimen organizado.
La ley aprobada condiciona ahora a que exista una sentencia penal consentida en última instancia, una sentencia firme, lo que dificulta la persecución de los bienes ilícitos.
La votación fue respaldada en mayoría por Fuerza Popular y Perú Libre, con 55 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones.
