Cualquier forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o el género de una persona se considera un acto de discriminación. Este tipo de comportamiento puede manifestarse en diversos contextos y situaciones. Según el entorno en el que se produzca la discriminación, es posible emprender acciones legales con el objetivo de que tales conductas se detengan o sean penalizadas.
En un contexto alarmante donde el 62,7% de las personas LGTBIQ+ han sufrido violencia, pero solo el 4,4% denuncia, la organización Generación Orgullo presenta una guía histórica que sistematiza herramientas prácticas para acceder a la justicia. En la presente nota te indicamos cómo podrías denunciar un acto de discriminación contra una persona LGTBIQ+, pues existe una guía completa en nuestro país respecto a este tema.
El colectivo Generación Orgullo elaboró una guía completa para que los ciudadanos conozcan cómo denunciar actos de discriminación contra personas LGTBIQ+ en nuestro país. El documento expresa detalladamente lo que se debe hacer en cada situación. Discriminación al adquirir un producto:
En el ámbito de las relaciones comerciales, donde los consumidores adquieren bienes o servicios de proveedores, se presentan lamentablemente casos de discriminación basados en la orientación sexual, la diversidad corporal, así como la identidad o expresión de género. Un ejemplo claro es el de un hotel que se niega a ofrecer alojamiento a una pareja homosexual, o una empresa que impide el acceso a una persona transexual a sus instalaciones o servicios.
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El acceso a los servicios de salud es un derecho humano fundamental, tal como lo establece el artículo 7° de la Constitución Política. Es imperativo promover de manera efectiva la atención integral, la prevención de enfermedades, así como el tratamiento y la rehabilitación. Además, se debe garantizar el acceso a la información y el consentimiento informado para los pacientes y sus cuidadores, en concordancia con la Ley N.° 29414, que protege los derechos de los usuarios de servicios de salud.
Sin embargo, a pesar de estos avances normativos, persisten actitudes hostiles y discriminatorias hacia la comunidad LGBTIQ+ en el ámbito de la salud. Según datos recientes, un 15,4% de las personas LGBTIQ+ han experimentado actos de violencia o discriminación por parte del personal de salud al intentar ejercer sus derechos. Ante estas situaciones, la Superintendencia Nacional de Salud tiene la responsabilidad de intervenir y garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos en el acceso a servicios de salud.
La educación en el Perú es reconocida como un derecho esencial que abarca todos los niveles, desde la educación básica regular (inicial y primaria) hasta la educación superior, ya sea técnica o universitaria, sin importar si se ofrece en instituciones públicas o privadas. En este contexto, la inclusión se erige como un principio clave del sistema educativo nacional, que no solo se enfoca en las personas con discapacidad, sino que también busca integrar a grupos sociales que han sido históricamente excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en áreas rurales.
Este enfoque inclusivo promueve la igualdad, sin distinción de etnia, religión, género u otras formas de discriminación, y juega un papel crucial en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y las desigualdades en el país.
El trabajo es un derecho fundamental, respaldado y protegido por la Constitución Política del Perú. Este principio establece que el Estado debe priorizar la atención a las relaciones laborales, garantizando que ninguna de ellas limite el ejercicio de los derechos constitucionales ni menoscabe la dignidad del trabajador. En este contexto, se declara nulo cualquier despido que se base en motivos de discriminación, ya sea por sexo, raza, religión, opinión o idioma. Además, tales actos discriminatorios son considerados formas de hostilización, equiparables a un despido injustificado.
La guía proporciona información sobre cómo denunciar actos de discriminación en espacios públicos, redes sociales y plataformas digitales. Además, abarca los procedimientos judiciales para el cambio de nombre o sexo, así como las acciones que pueden ser reportadas en relación con funcionarios públicos. Para obtener más información y conocer los pasos a seguir, se puede descargar la guía completa en el siguiente enlace.
