El tejido empresarial español atraviesa momentos críticos. 196.000 empresas han desaparecido o están al borde de desaparecer –129.000 han bajado la persiana en el último año y otros 67.000 negocios están al borde del concurso de acreedores–. Son 46.000 más que a principios de año. Además, 480.000 empresas advierten de que cerrarán 2024 con pérdidas y más del 16% enfrenta graves problemas de liquidez. Son cifras del Barómetro Empresarial de noviembre del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, cuyo presidente, Fernando Santiago, advierte de que, en este contexto, en el que la productividad laboral ya es un 13,8% inferior a la media europea, «resulta preocupante que las políticas laborales no estén suficientemente alineadas con la realidad económica de las empresas. En un entorno de baja competitividad, imponer mayores cargas económicas podría agravar la situación en lugar de resolver los problemas estructurales».
Santiago cree que las últimas medidas que el Gobierno tiene pensado aprobar –la reducción de jornada, una nueva subida del salario mínimo (SMI), contratación de los repartidores de Glovo, auditorías con algoritmos a las empresas o la reforma de las indemnizaciones por despido– van a precarizar aún más la delicada a situación del mercado laboral, en el que «muy a pesar de lo que nos quieren contar, siguen siendo mayoritarias las firmas de nuevos contratos vulnerables», como las contrataciones a tiempo parcial, fijos discontinuos y contratos temporales. Todo ello en un clima de «ausencia total de diálogo del Gobierno con la patronal, algo que no es nada bueno ni para empresarios ni para trabajadores».
Respecto a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, Santiago cree que es un ejemplo de una medida que, aunque bienintencionada, podría tener un impacto adverso si no se ejecuta con cautela. Los gestores administrativos estiman que esta reforma implicará un sobrecoste anual de 15.000 millones de euros para los pequeños y medianos negocios. «Esta cifra es alarmante, especialmente cuando muchas empresas ya lidian con márgenes reducidos y elevados costes operativos. Imponer este cambio sin un plan claro para mejorar la productividad y sin incentivos para facilitar la transición será un duro golpe para muchas de ellas».
Además, le resulta especialmente preocupante que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, recurra a advertencias como «quien no entre en la negociación pagará el precio», en línea con las últimas subidas del SMI. «El salario mínimo pasó de una propuesta del 4% en la mesa de negociación a un incremento final del 5%, bajo la lógica de penalizar la falta de consenso. Sin embargo, este tipo de retórica no tiene cabida en un debate tan serio como el que implica la reducción de jornada. El diálogo social debe centrarse en construir acuerdos sólidos y viables, no en lanzar avisos o recordatorios que solo tensan las relaciones entre los actores implicados», incide el presidente de los gestores administrativos.
Respecto a la decisión de Glovo de contratar a sus repartidores, celebrada como un paso hacia la formalización laboral de estos trabajadores, plantea dudas para los gestores sobre su impacto económico en un modelo de negocio ya presionado por la competencia global y los márgenes ajustados. Para Santiago, «las plataformas digitales son un motor de empleo en sectores emergentes, y cualquier regulación debe buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad económica de estas empresas. Si no se tiene en cuenta este equilibrio, se corre el riesgo de desincentivar la inversión en innovación y empleo».
Por otra parte, sobre la propuesta de auditar los algoritmos que afectan las condiciones laborales estima que parte en sí misma de un control necesario para garantizar transparencia y evitar abusos, pero que no debe implementarse sin considerar el coste para las empresas, especialmente las pymes. «Estas compañías, que constituyen el grueso del tejido empresarial español, podrían verse desbordadas por las exigencias regulatorias si no se acompañan de apoyos claros. Además, la protección de los secretos industriales debe ser un pilar fundamental en estas auditorías, evitando poner en riesgo la competitividad».
En cuanto a la reforma de las indemnizaciones por despido, impulsada para alinearse con los estándares europeos, también merece un análisis crítico por parte del máximo responsable del Consejo General. «Elevar estas compensaciones sin medidas paralelas que reduzcan la dualidad del mercado laboral podría desincentivar la contratación indefinida y perpetuar la precariedad. En un momento donde los márgenes empresariales están tan comprometidos, esta reforma debe hacerse con una visión integral que no penalice aún más a los empleadores».
Finalmente, la revisión del SMI le plantea desafíos similares. Desde 2018, el SMI ha aumentado un 54% –elevándose de 736 euros brutos mensuales a 1.134 euros en 2024–, y aunque esto ha reducido la desigualdad salarial, también cree que ha generado tensiones en sectores de baja productividad. «La solución no pasa únicamente por incrementarlo nuevamente, sino por diseñar políticas complementarias que impulsen la competitividad, la formación y el acceso a tecnologías que permitan a las empresas adaptarse a estas exigencias».
Para Santiago es evidente que el mercado laboral español necesita reformas que equilibren los derechos laborales con la sostenibilidad económica, pero cree que imponer medidas sin considerar el impacto en la productividad y competitividad de las empresas solo agravará los problemas existentes. «El diálogo social debe convertirse en un verdadero espacio de consenso, donde se diseñen estrategias basadas en la responsabilidad compartida y una visión de futuro. Las amenazas y advertencias no tienen cabida en un proceso tan delicado como este, donde lo que está en juego es la estabilidad económica y social del país».
