Las acusaciones populares del "caso Koldo" que fueron excluidas ayer del interrogatorio a José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo (todas menos el PP, que por decisión del instructor representa a todas ella) mueven ficha. La Asociación Liberum ha llevado sus quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante lo que consideran "prohibiciones o impedimentos" en el ejercicio de su labor profesional como acción popular. En el escrito remitido al órgano de gobierno de los jueces aseguran que esas "severas limitaciones" no se acordaron en la resolución en la que el magistrado Leopoldo Puente acordó la unificación de las acusaciones populares con el objetivo de evitar dilaciones "ni se ha fundamentado en norma procesal alguna".
En esa queja -que no será la única, pues otras acusaciones tienen previsto denunciar los hechos en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)- los abogados de la asociación, Alexis Aneas e Inmaculada Jaén, ponen de relieve su "rechazo" a la decisión judicial, haciendo hincapié en que al aglutinar a todas las acusaciones populares bajo el paraguas procesal del PP (que fue el primero en personarse en la causa contra el exministro por el reparto de comisiones en contratos de mascarillas en pandemia,) "en ningún caso" estableció "limitaciones en sus funciones para el resto de acusaciones populares" (además de la Asociación Liberum, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias y Adade).
"La unificación no debe en ningún caso impedir ni menoscabar el legítimo derecho de ejercer la acusación popular", argumenta la acusación, que insta al instructor a garantizar su acceso a "un procedimiento con todas las garantías" y a preservar el principio de igualdad de armas, nuclear en el proceso penal.
Para la Asociación Liberum, el hecho de que no se les permitiese estar presentes en la declaración, y ni siquiera poder seguirla por videoconferencia desde otra sala, acarrea una "inferioridad de condiciones" que "no puede salvarse" con la puesta a disposición de las acusaciones "de forma tardía" de la grabación de la comparecencia del exministro socialista, pues en todo caso les sitúa en desventaja respecto al PP, la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los tres investigados, que "en tiempo real tienen acceso a las declaraciones"
Este "desfase temporal de información" a las acusaciones populares, señala, tampoco puede salvarse por "la buena fe" del letrado del PP, quien sí pudo asistir a la declaración (y así sucederá en las sucesivas, pues la semana próxima comparecen el empresario Víctor de Aldama y Koldo García, exasesor de Ábalos), pues "como cualquier persona, puede entender o interpretar las palabras vertidas por los investigados o testigos de forma subjetiva".
Impedir a seis de las siete acusaciones asistir a los interrogatorios, se quejan los letrados de la Asociación Liberum, supone de hecho la "abolición" del artículo 125 de la Constitución, que consagra la acción popular.
Con estas limitaciones, subrayan, a la hora de interponer recursos o presentar escritos, las acusaciones populares que están excluidas de asistir presencialmente a las declaraciones "estarán siempre en desventaja", perjudicándose su labor profesional en la medida en que se limita el libre ejercicio de la abogacía. "Difícilmente se puede encontrar otro escenario más palmario que acredite la desigualdad de armas" entre las representaciones procesales, denuncia.
De ahí que la asociación reclame al CGPJ que "revise e intervenga en las
formas seguidas por el Tribunal Supremo en la rectificación de las decisiones procesales" y que lleve a cabo "las actuaciones necesarias para corregir" la decisión del instructor, que en su opinión "impide la defensa en el libre ejercicio de la profesión de la abogacía".
