A través de la publicación de su informe sobre la libertad de expresión correspondiente al mes de noviembre, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) alertó sobre diversos atropellos cometidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) contra el libre ejercicio periodístico en el país. El informe, disponible en su página web, recopila una serie de eventos que constituyen ataques directos a la prensa nacional.
El CPP recordó que, durante el desarrollo del Foro APEC, periodistas de diversos medios fueron impedidos de trasladarse para informar sobre las protestas ocurridas en contra del gobierno de Dina Boluarte. El informe menciona a periodistas del portal independiente Wayka, a los independientes, Jacqueline Fowks y Adrián Sarria, y al reportero de Panamericana Televisión, Luis Santos.
La entidad, cuya misión principal es defender la libertad de prensa e información en el Perú, destacó que noviembre ha sido el mes con el mayor número de ataques de este tipo en lo que va del año. Además, afirmó que la PNP se mantiene como una institución que frecuentemente busca obstaculizar el trabajo de los medios de comunicación:
"Noviembre ha sido el mes con más agresiones a la libertad de prensa en 2024. (…) Asimismo, la Policía Nacional continúa limitando el derecho de periodistas y medios de comunicación a informar a la ciudadanía sobre protestas y movilizaciones", se lee en el pronunciamiento institucional.
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Además de señalar las agresiones de la Policía Nacional hacia la prensa, el CPP advirtió sobre otros ataques sufridos por los medios de comunicación en noviembre. Incluyendo el incidente relacionado con la APEC, el informe documenta un total de nueve ataques contra periodistas y medios.
En su análisis, el Consejo también aborda el Caso Samir Villaverde. Según el pronunciamiento, el empresario, acusado de actuar como operador político del expresidente Pedro Castillo, emprendió un acoso sistemático a través de acciones judiciales contra diversos medios de comunicación, entre ellos La República. Al respecto, el CPP consideró que estas acciones fueron una represalia contra las investigaciones realizadas por los medios.
"Las acusaciones y el hostigamiento responden a las investigaciones de la prensa sobre los presuntos actos irregulares de Villaverde durante el gobierno de Castillo. La sistematización de su actuar es un ejemplo de cómo los procesados por la justicia, a pesar de la evidencia en su contra, atacan al periodismo", señala el comunicado.
Asimismo, el referido informe analiza otros casos emblemáticos que ilustran los ataques sistemáticos contra periodistas. Entre ellos se menciona a Pedro Salinas, denunciado por allegados al Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa investigada por Salinas debido a abusos cometidos contra niños por parte de sus miembros.
En la misma línea, se mencionan agresiones a ciudadanos que, sin dedicarse al periodismo, fueron censurados en su libertad de expresión. Tal es el caso de la censura efectuada por la Biblioteca Nacional contra los artistas puneños Juan Condori Tapara y Ruth Ingaluque Flores, cuyas obras que representaban la violencia ejercida contra manifestantes durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte en 2022, fueron censuradas por la autoridad cultural.
