La Fundación Secretariado Gitano ha documentado más de 4.600 casos de antigitanismo y discriminación contra este colectivo en España en las últimas dos décadas, casi la mitad en medios de comunicación y redes sociales. La normalización, la infradenuncia y la impunidad de los agresores siguen siendo la norma.
Así se ha puesto de manifiesto este jueves en la presentación del vigésimo informe anual 'Discriminación y comunidad gitana 2024' en Madrid.
La Fundación Secretariado Gitano ha tramitado 4.603 casos de discriminación y antigitanismo del pueblo gitano en los últimos 20 años: 1.112 relativos a medios de comunicación, 826 a redes sociales, 640 a acceso a bienes y servicios, 572 al empleo, 350 a la educación, 367 a la vivienda, 226 a los servicios policiales y 113 a la salud, principalmente.
Solo en el último año, han gestionado 384 casos.
La directora general de esta entidad, Sara Giménez, ha denunciado que la discriminación hacia gitanos y gitanas está "tan enraizada que veinte años después se siguen dando los mismos problemas".
Problemas relativos a la vivienda, la segregación en la educación, el acceso al empleo, a un discurso de odio que además "ahora campa a sus anchas" en las redes sociales.
Giménez ha afirmado que existe una discriminación cotidiana: "Cuando no puedes comprar una vivienda por tus apellidos, cuando por ser gitanos no nos quieren de vecinos, o en determinados bares o espacios de ocio. O cuando en un centro comercial no nos quitamos al guardia de seguridad de encima porque parece que tenemos presunción de robar", ha expuesto.
La directora de la Fundación Secretariado Gitano ha exigido que se nombre ya a la autoridad independiente para la igualdad de trato para que se dé respuestas y no deje desamparadas a las víctimas, tampoco en la vía administrativa.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha comprometido a que el nombramiento de esa autoridad independiente se hará "en las próximas semanas o meses" y ha dicho que su departamento va a hacer un esfuerzo por "conocer la dimensión de la discriminación hacia la comunidad gitana" para poder diseñar políticas más eficaces.
Redondo ha destacado que la violencia está volviendo a la política, a las calles y a las relaciones humanas y que eso tiene mucho que ver con la irrupción de la extrema derecha. En ese sentido, ha hecho autocrítica al decir que quizá los sistemas democráticos no han sabido responder con contundencia a las necesidades de igualdad de la ciudadanía.
La abogada Pastori Filigrana ha incidido en que existen altos índices de impunidad y de infradenuncia por antigitanismo y ha lamentado que cueste mucho que los jueces reconozcan esta agravante, ya recogida por el Código Penal.
Por su parte, la directora general para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, Beatriz Carrillo, ha explicado que el pueblo gitano llegó a España hace casi 600 años y que, sin embargo, solo empezó a ser legal a partir de la Constitución de 1978.
En esos seis siglos, España contó con 256 leyes antigitanas con "consecuencias nefastas", ha señalado Carrillo, quien ha subrayado que "ya no hay más excusas para discriminar y seguir manteniendo prácticas racistas contra el pueblo gitano.
