José Luis Ábalos ha negado en el Tribunal Supremo (TS) que haya cobrado comisiones por intermediar en adjudicaciones públicas y se ha desmarcado, según fuentes jurídicas, de quien fuera su asesor Koldo García, y del empresario Víctor de Aldama, que le acusó en la Audiencia Nacional de cobrar más de 600.000 euros en comisiones. Y es que según esas mismas fuentes era su asesor, y no él, quien mantenía una relación directa con el comisionista y supuesto conseguidor de la trama.
Tras más de tres horas de declaración como investigado, el exministro socialista ha asegurado a las puertas del alto tribunal estar "satisfecho" con su comparecencia tras dar "explicaciones suficientes", y se ha comprometido a facilitar al magistrado Leopoldo Puente "toda la documentación" que acreditaría su inocencia.
Ábalos negó, durante su interrogatorio haber percibido "comisión" ilegal alguna y ha revelado que ha "contestado a todo", por lo que según a puesto de manifiesto ante los periodistas "no ha quedado nada en el tintero". Tras una sesión que ha calificado de "larga" y sobre la que ha dicho que "se han tocado todos los extremos", el que fuera "número tres" del PSOE ha querido, asimismo, agradecer "a su señoría" que le haya "permitido esta declaración voluntaria". Posteriormente, ha abandonado el alto tribunal como llegó, en un taxi..
El exministro, investigado por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, ha comparecido por primera vez ante el juez para dar su versión sobre el "caso Koldo", el supuesto reparto de comisiones en contratos para la adjudicación de mascarillas en pandemia en favor de Soluciones de Gestión, la empresa de la supuesta trama, que se embolsó más de 53 millones de euros gracias a contratos de los ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos autonómicos balear y canario, entonces presididos por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ahora ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Unas adjudicaciones bajo sospecha que dejaron un reguero de comisiones que superó los 16 millones de euros.
Para el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, Ábalos tuvo un "papel principal" en la supuesta trama de reparto de comisiones creada supuestamente por Aldama "para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas". El magistrado puso de relieve en la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo que "consta acreditada" la intervención del entonces ministro "para la adjudicación de los contratos de suministros de mascarillas a Soluciones de Gestión", la empresa de la trama.
Por su parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye en sus informes "un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, De Aldama y la organización criminal dinamizada por este último". Asimismo, ponía de relieve la existencia de una "relación de carácter económico entre De Aldama y Koldo-Ábalos"
En su declaración en la Audiencia Nacional, Aldama aseguró que pagó 250.000 euros a Ábalos en comisiones por su supuesta intermediación en la adjudicación de los contratos de mascarillas, aunque según refirió el entonces ministro le llegó a pedir dos millones de euros. Además, posteriormente remitió al Tribunal Supremo una relación de obras dependientes del Ministerio de Transportes entre las que figuraban 37 adjudicaciones supuestamente amañadas (según ha explicado el ministro Óscar Puente, de ellas 18 no se han licitado y solo seis corresponden a la etapa del investigado al frente del ministerio).
Pero el comisionista explicó que esas contraprestaciones iban mucho más allá e incluía pagos en especie como el disfrute familiar de un chalet en una urbanización de La Línea de la Concepción (Cádiz) o el abono del alquiler de un piso en la madrileña Plaza de España (a razón de 2.700 euros al mes) para la pareja de Ábalos (por el que a través de un testaferro Aldama habría desembolsado casi 90.000 euros en dos años, entre marzo de 2019 y septiembre de 2021), a la que el entonces dirigente socialista habría además colocado como auxiliar administrativa en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec.
Además, el supuesto conseguidor de la trama remitió al Supremo un contrato de alquiler con opción a compra con el ex secretario de Organización del PSOE de un piso en el Paseo de la Castellana, valorado en 1,9 millones de euros, con el que según el empresario garantizaba a Ábalos el cobro de futuras comisiones por su intercesión en obras "preadjudicadas". El exministro, sin embargo, nunca llegó a ocupar ese inmueble.
Aldama involucró también a Ábalos en las gestiones para la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 pese a las sanciones de la UE contra el Gobierno de Nicolás Maduro que le impedían poner un pie en territorio Schengen.
