El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy , ha puesto en marcha una nueva investigación sobre las gestoras de pisos turísticos . Lo hace a través de la Dirección General de Consumo, y se dirige a aquellas empresas del sector que podrían estar incurriendo en «prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios», según el ministerio. Las prácticas engañosas están tipificadas en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal , que las define como «cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico». Algunos de los supuestos en los que se estaría incurriendo en este delito, según el artículo 27 de la citada norma, son «afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario». El ministerio pone el foco en posibles prácticas irregulares dentro del negocio de los alojamientos turísticos. Hay precedentes en la materia, pues Consumo ya inició una investigación en junio acerca de los anuncios que publican algunas plataformas de alojamientos sin licencia turística , pues esta práctica también constituye una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. El proceso de investigación que abre ahora Consumo se centra, concretamente, en las operaciones de aquellas empresas que, aún contando con licencia, se gestiona de forma incorrecta por empresas de intermediación que operan en distintos lugares de España. Ya en octubre, Consumo comenzó a investigar a diversas agencias inmobiliarias que habrían incurrido en prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler. Estas prácticas pasan por obligar a los usuarios a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento , firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o forzar a los inquilinos a aceptar cláusulas irregulares en virtud de la normativa vigente. Los esfuerzos del departamento se enmarcan en un plan de acción concreto, el de atajar la crisis de vivienda en España, uno de los mayores problemas que vive nuestro país en la actualidad. En palabras de Bustinduy , «hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares». Desde el ministerio demandan poner freno a la especulación en el sector de la vivienda, y solicitan a las administraciones públicas que, en el ámbito de las competencias que les corresponden, tomen todas las medidas que puedan para poner fin a esta problemática. El ministerio abogó hace unas semanas por intervenir el mercado de la vivienda en los presupuestos generales del Estado en 2025. Del mismo modo, planteó que los pisos turísticos paguen a pagar un 21% de IVA , al igual que los hoteles, en vez del 10% que pagan en la actualidad. Sin embargo, esta medida fue descartada , quedando fuera del paquete fiscal.
